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Juan Mariano Pérez Abad.
Sábado, 31 de octubre de 2015
Los Nuevos Niños Robados – 5

Le suspenden las visitas tras denunciar la sospecha de violación de su hija de 11 años en el Centro de Acogida

[Img #12042]Algunos lectores nos confiesan que no terminan de creerse las historias que vamos contando en esta serie sobre este fenómeno social que hemos bautizado como “Los Nuevos Niños Robados”, que podemos estar deformando y exagerando la realidad para transformarla en una historia apta para la prensa sensacionalista. Para convencerlos de que no es así, queremos llamar su atención sobre el hecho de que en ellas hablamos de personas con sus nombres y apellidos, tanto de víctimas como de verdugos, y que en el papel de “malo” figuran a veces fiscales, jueces y funcionarios en activo, capaces de poner en riesgo la seguridad jurídica de un redactor o Diario que no hubiesen comprobado toda la documentación que demuestra la veracidad de este tipo de historias. Queremos rebotar la reflexión diciendo que quizás sea el deseo que todos tenemos de confiar ciegamente en las Instituciones que nos dirigen y en las personas que las representan el que, a veces, nos impide reconocer su mal funcionamiento para poder señalarlo y corregirlo.

 

Para comprobar la historia que nos quiso contar Leticia Beatriz Pérez Fernández (“Bea”) hemos llegado a mantener contacto telefónico con los responsables de la sección de Menores en Servicios Sociales de Granada y hasta con los del Departamento de Prensa de la Junta de Andalucía a nivel provincial, de los que tan sólo hemos obtenido como respuesta que se trata de un asunto sujeto a sentencias judiciales y que afecta a menores de edad. Lejos de querer interpretarlo como una amenaza velada para coartar nuestra libertad de expresión, hemos sacado la conclusión de que nos estaban indicando que, para ser respetuosos con la legalidad vigente, no debemos mencionar siquiera el nombre de la hija de Bea que tan solo cuenta con 11 años de edad, así que la llamaremos “LA NIÑA”. Lo que lamentamos es que hayan querido proporcionarnos su versión para poder contrastar, teniendo que conformarnos con la versión y documentación que nos ofrece la afectada, por lo que la imagen que se muestra de ellos resulta a todas luces monstruosa. Esta historia resulta demasiado larga e intensa para un artículo de periódico, pero no podía ser de otra manera si tiene que reflejar una enfermedad aún más larga y grave de nuestras Instituciones Públicas, la de la corrupción y el corporativismo en grado de complicidad que las convierte a veces en algo muy parecido a una mafia.

 

El de Bea es un caso que parece una historia del siglo XIX como la novela “Oliver Twist” de Charles Dickens, en vez de algo absolutamente real que está sucediendo en la Europa Occidental del Siglo XXI. Ella es una buena mujer trabajadora, nunca ha sido drogadicta ni ejercido la prostitución y nunca ha hecho daño a nadie. Es madre de 3 hijos, pero le han ido retirando la tutela de todos ellos y hasta le han hecho pasar por calabozos. “Papá Estado” les ha destrozado la vida por completo. Desde nuestro corto entender, el único motivo que da explicación a todo el daño que le han hecho, es la gran cantidad de dinero que reciben las Residencias de Acogida de los niños declarados en “desamparo” y lo rentables que resultan cuando están llenas.

 

En los casos que hemos venido relatando en esta serie, a menudo hay un “traidor” dentro de la familia que por interés, por enfermedad mental o por pura y simple maldad, colabora y hace posible el “robo” de los niños. Este fue el caso de la madre de Bea, Antonia Fernández Jiménez, que durante su divorcio ya le provocó un intento de suicidio a la edad de 14 años por su actitud destructiva y posesiva. A los 15 años se fugó de casa con Jesús, el legionario hermano de una amiga, y se fue a vivir a la casa de su “suegra”. A los 18 años se quedó embarazada y el 4 de Mayo de 1994 tuvo a su primer hijo, Javier Pérez Fernández (ya es mayor de edad) al que el padre no quiso dar sus apellidos excusándose en antiguos problemas con la ley. Sin embargo sí que se la llevó a vivir a Madrid durante el embarazo para huir de su madre. Antonia era conserje en las instalaciones de los Servicios Sociales de la ciudad de Granada y se había empeñado en que Bea tendría que entregarle la tutela de su hijo después de nacer, quizás con la intención de recibir una subvención de los Serv. Soc. por la “acogida”. La futura abuela no dudó en difamarlos todo cuanto fue necesario y reclutar apoyos entre sus compañeras para intentarlo, así que ella tenía miedo de que lo consiguiera.

 

Bea dio a luz ya en Madrid escondida de su madre y arropada por Jesús, y empezó a criarlo en lo que fueron los momentos más felices de su vida. Pero su madre la localizó y se presentó en una nueva actitud conciliadora con la que les hizo regresar a Granada a vivir con ella en un piso propiedad de la familia de su padre. La convivencia discurría en un ambiente muy cordial hasta que, estando embarazada por segunda vez, en una discusión Jesús le confesó que había estado manteniendo relaciones sexuales con Antonia, su madre. Descubierto “el pastel”, la madre se apropió del piso y le anunció que haría que los Servicios Sociales le quitaran a su hijo y al que estaba por nacer. Bea huyó con su padre, José Pérez Bolibar, taxista de profesión al pueblo de Armilla.

 

El día 2 de Mayo de 1996 nació su segundo hijo Alfonso (ya mayor de edad) Para entonces ya había venido sufriendo el seguimiento de Javier y de Isabel, funcionarios de los Servicios Sociales del Zaidín y de Armilla, respectivamente. Cuando Alfonso tenía ya un año y medio, Antonia acusó a José, su ex-marido, de practicarle abusos sexuales al niño. Bea nos relata que fueron interrogados en la Fiscalía de Menores por “una directora llamada Magdalena”, que archivó la denuncia y calificó verbalmente a Antonia de “trastornada”. Nunca fueron presentados cargos por este asunto ni se inició ningún procedimiento judicial.

 

Isabel, la asistente social de Armilla, enterada por Antonia de este episodio, amenazó a Bea con quitarle a los hijos porque continuaba viviendo con su padre, al que en Servicios Sociales habían culpabilizado sin argumentos de la acusación. Ella se vio obligada a irse a vivir a la zona Norte de la ciudad de Granada a un piso que alquiló a medias con su hermana. A pesar del traslado le quitaron a sus hijos. Según le notificó Toni Martín, un asistente social del distrito de su nuevo domicilio, era a causa de esos supuestos abusos hechos por su padre, que ni siquiera habían sido denunciados formalmente. Se los devolverían cuando completasen el estudio del caso y “se aclare todo en unos 15 días”. Javier y Alfonso tenían 6 y 4 años respectivamente cuando la policía se los llevó por primera vez a la residencia de acogida “Hogar los Vergeles”.

 

Casualmente, Bea perdió esos días el trabajo que tenía por cierre del negocio, motivo por el que no quisieron devolverle a los niños cuando transcurrió el plazo que le habían dicho. Entonces se volvió a Armilla con su padre, donde consiguió trabajo de inmediato, pero ahora no le devolvían a los niños porque vivía con su padre “sospechoso”. La salida de aquella ratonera se la ofreció el hombre que fue su segunda pareja, José Gómez Martínez, que le ofreció su casa en el pueblo de” Las Gavias” para poder recuperar a sus hijos. Se trataba de un hombre bebedor y con impulsos violentos, pero que representaba su única esperanza para recuperarlos. Por entonces, Bea podía sacar a sus hijos de la residencia los fines de semana y así superó brillantemente una “inspección sorpresa” durante un desayuno en la casa de Las Gavias, en el que también estaba presente la hija mayor de su nueva pareja. Pero había una nueva Directora de Menores en Serv. Soc. llamada Alicia Nuñez que en vez de devolverle a los hijos le quitó la posibilidad de sacarlos los fines de semana bajo el argumento de que “en Menores se trabaja así”. Llevaban ya casi un año ingresados.

 

Hundida en el desaliento, joven e inexperta, aún no acertó a emprender ninguna acción por vía judicial. Dejó pasar el tiempo en compañía de su nuevo compañero sentimental y se sometió a la supervisión del Equipo Psicosocial Nº 1 de Ayuda Familiar del Ayuntamiento de Granada, que le impusieron como obligatoria si quería seguir viéndolos y recuperarlos algún día. Con la ayuda económica de su padre, montó un bar propio que atendía con su nueva pareja, pero nos relata cómo recibía frecuentes visitas de “acoso” de los Serv. Soc. en el horario en que estaba trabajando sola para inspeccionar su casa, lo que le obligaba a cerrar el negocio mientras duraba la visita.

 

En la Navidad 2002-3 le devuelven a sus hijos con las edades de 9 y 7 años, pero 3 meses después se los volvieron a llevar sin previo aviso desde el colegio donde los había matriculado a la misma Residencia donde habían estado ingresados. Bea nos dice que la justificación que le dio Alicia Nuñez verbalmente fue: “estoy muy presionada y tú estás sola”. Por primera vez, contacta con un abogado, que le facilita una copia del informe que la Fundación Márgenes y Vínculos (con la que la Junta de Andalucía tiene concertados muchos servicios dirigidos a menores) había elaborado para justificar la acción. En él se decía que había indicios de que los niños hubiesen pasado alguna tarde con el abuelo, del que se presumían indicios de abusos sexuales 5 años y medio atrás.

 

Entonces Bea se entera de que está de nuevo embarazada. Inicialmente sufrió el rechazo de su pareja, pero restablecen la convivencia cuando nace LA NIÑA el 22 de Noviembre de 2003. Cuatro meses después, el abuelo recibía en su casa una visita de Menores para llevarse a la recién nacida, pensando que la encontrarían allí. Un año más tarde, Bea discute definitivamente con su pareja y se vuelve a vivir con su padre, pero poco después reciben “una orden judicial anunciando que van a entrar en casa de su padre a llevarse a LA NIÑA”. Ella huyó despavorida a la casa de su amiga Sildha en Madrid y al cabo de un mes la Policía se presentó en el domicilio de José como anunciaba la orden. Desde allí hablaba por teléfono con Alicia, pero no le daba explicaciones y tampoco le permitía hablar con sus hijos en la Residencia. Al final consiguió llegar al acuerdo de que cerrarían el “desamparo” si volvía a Granada y continuaba bajo seguimiento de los Equipos Psicosociales, pero cambiando al 2 en vez del 1 que era el que la había acosado. Ella se buscó un trabajo y un apartamento de alquiler diferente a la casa de su padre, pero necesitaba el dinero de la fianza. Se lo pidió a Víctor, Director de los Servicios Sociales del Zaidín de Granada, que parecía favorable a concedérselo como a otras afectadas, pero Enrique, psicólogo del Equipo de Seguimiento Familiar que la llevaba, se opuso enérgicamente a que se lo diese sin dar razón alguna. Tuvo que quedarse a vivir con el abuelo, así que la amenaza de quitarle a su hija reaparecía frecuentemente.

 

El juicio por los niños salió en el 2004. Bea no conserva “los papeles” de todo aquello porque, como tantas otras víctimas de estos abusos institucionales, los ha perdido al ir cambiando de abogado de oficio y discutir con más de uno que, por no enfrentarse al poder, por desconocimiento o por mala praxis, realizan actuaciones deficientes que resultan perjudiciales para sus representados. Quizás sea que estemos pidiendo a los abogados que nos consigan algo muy difícil de encontrar en España: “Justicia”. Aunque no hemos tenido acceso a este documento, publicamos sobre el tema porque nos parece verosímil y concuerda con lo que hemos visto en los otros casos, en los que las sentencias con las que se les están arrancando los hijos a sus madres (o padres) se apoyan en argumentos intrascendentes. En la suya, confirman la retirada de la tutela a Bea , según nos cuenta ella, basándose en afirmaciones incorrectas para las que no le habían admitido las pruebas que las desmentían. Por ejemplo, aducía el juez que durante los 3 meses que los tuvo con ella no los había llevado al Centro de Salud para vacunarlos de su alergia al polen, sin embargo no le aceptó el certificado del enfermero privado que sí que les había puesto esa vacuna, pero en un horario diferente al del Centro de Salud que fuese compatible con el del trabajo de su madre.

 

Antonia continuaba alimentando el fuego desde la retaguardia ayudándose de sus contactos. Según nos cuenta Bea, por entonces se corrió el rumor de que había sido “pillada” en su centro de trabajo en pleno acto de sexo lésbico con una mujer estrechamente vinculada a la cúpula de los Servicios Sociales de Granada. Paradójicamente, también le resultó perjudicial denunciar la conducta inadecuada de José, el padre de LA NIÑA, porque se embriagó durante su turno de visita y llegó a hacerle abusos en forma de “tocamientos”. Desde Menores, Julia le amenazó para que ingresara con LA NIÑA en un Centro de Acogida, pero no lo acepta y se traslada con su padre a un piso en Granada. Entonces le “abrieron desamparo”, pero consiguió cerrarlo con la ayuda de Eva, una psicólogo perito forense privada.

 

Ya en el año 2.008, continuando con las visitas a sus hijos en la Residencia Los Vergeles, Bea percibió que sus hijos presentaban un aspecto cada vez más deteriorado. Javier, que ya tenía 14 años, le confiesa que estaban siendo maltratados por una de las monjas. Ellos se fugan de la Residencia y su madre los acoge y denuncia aquel maltrato. Entonces se enteró de que en el año 2.005, Alfonso, el pequeño, había sido víctima de abusos con sodomía (penetración anal) por parte de un compañero mayor que él. Aquello había sido sorprendido y denunciado por el propio Director del Centro y se llegó a dictar una sentencia judicial que obligaba al traslado del agresor a otro centro, pero no se cumplió y se permitió que la agresión se volviese a producir. Todo aquello había sucedido sin que a Bea se le comunicara nada en absoluto. Ella los llevó a Eva, su psicólogo, que les diagnosticó y trató secuelas graves a ambos niños de las que nunca se recuperarán del todo.

 

Ahora vivía con sus hijos en su nueva casa de Motril, obtenida en un sorteo de la Consejería, y esperaba que le devolviesen la tutela cuando se resolviera la denuncia por maltrato que había presentado contra la Residencia. Mientras tanto, la Junta de Andalucía le denegó la escolarización de los niños. Pero no se la devolvieron sino que, a finales del verano del 2010, la Policía entró violentamente en su casa, se llevó a los niños y las detuvo a ella y a su hermana, quedando LA NIÑA en brazos de su padre. Durante su estancia en los calabozos policiales Ester Aguilera, funcionaria de Menores, se presentó allí para decirle de una forma soberbia e insolente que se habían llevado también a LA NIÑA (que para entonces tenía ya 6 años) porque la habían dejado “en desamparo” cuando se las llevó la policía. Su reacción impulsiva le costó ser denunciada penalmente por agresión sin haber llegado a tocarla. A la mañana siguiente fueron liberadas, como hacen con los hombres acusados de maltrato a la mujer. Entonces pudo escuchar el relato de los vecinos describiendo la crueldad derrochada por los policías que se llevaron a su hija y tuvo la primera de las crisis nerviosas que le acompañan desde aquel momento.

 

A través de un contacto de la “Asociación de Mujeres Profesionales” de Granada, se entera de que sus hijos están retenidos en Motril, en una residencia de Los Mensajeros de la Paz. Un mes después del episodio, se volvieron a escapar con su madre y, aunque los volvían a detener (a veces con rudeza y vejación) y los cambiaban de centro, siempre volvían con su madre. Tras 7 u 8 fugas la persecución cesó porque Javier había cumplido los 16 años y se salía del control de Menores. Aún así se les continuó denegando la escolarización a ambos.

 

Con respecto a LA NIÑA, Bea puso la denuncia del “secuestro policial” en el Juzgado de Guardia, porque en la Comisaría se negaron a tomarla. Nadie consiguió información sobre dónde se la habían llevado, pero tuvo una corazonada, se fue a la residencia de Aldeas Infantiles y allí la encontró. Tras un forcejeo dialéctico con las empleadas del Centro, la cogió y se la llevó a su casa. Cuando la recuperó, la pequeña había perdido el habla y el control de esfínteres. En el Centro de Salud Mental le diagnosticaron un cuadro grave de “ansiedad por separación” cuyos síntomas tardaron más de 1 año en remitir.

 

Ya en 2011, José, el padre de LA NIÑA, se metió en la casa de Bea tras haber discutido con su propia madre y le golpeó. Ella huyó a casa de su hermana. Lo detuvieron y le condenaron a 9 meses de prisión en juicio rápido, pero a ella le pusieron una escolta policial y la internaron con sus hijos en una casa de acogida de la que no la dejaban salir, como si estuvieran presos. Estando allí, un día le avisaron de que debía hacer en 10 minutos la maleta y salir corriendo porque Menores había abierto un desamparo de LA NIÑA y venían a quitársela. Cuando salió a coger el taxi a la puerta, ya estaba rodeada de policías que le quitaron a los niños en otro episodio aún más violento y aterrador que el que había vivido antes.

 

Entonces hizo una huelga de hambre por la que la entrevistaron en Canal Sur, pero solo le sirvió para que le retiraran las visitas a su hija y la entregaran a una familia de acogida. En el Juzgado 16 de Familia de Granada, vuelve a perder el juicio por la tutela de LA NIÑA por las mismas razones ambiguas y aparentemente insuficientes que la Justicia de Familia utiliza protocolariamente para dar respaldo sistemático y corporativista a los Servicios sociales. Dos años después salió la sentencia de apelación, que se había dirigido directamente al Tribunal Supremo por nuevos problemas con el abogado de turno. Allí no entran en la materia que se juzga, sino que confirman o no la sentencia según les parezca que se ajusta a las garantías procesales de la legislación española. Como las garantías que nos da son pocas, la sentencia se ajustó. Aunque no le devolvieron la tutela, sí que le concedieron la posibilidad de volver a ver a su hija en las visitas que le permitiese Servicios Sociales. Para entonces, la familia de acogida había devuelto a la niña a la residencia en la que está ahora, de la Fundación Eleva Apromem de la localidad de Otura, por su grave trastorno psíquico de ansiedad de separación.

 

Por el aspecto de su hija, Bea sospecha que en esa residencia le están proporcionando medicación sedante, tal y como se ha denunciado en muchas ocasiones para los chicos mayores internos en muchos otros centros de acogida de todo el País.

 

Le concedieron una hora al mes en un Punto de Encuentro Familiar atendido por personal no cualificado, cuyo trato vejatorio había provocado una reciente denuncia de Bea por hacer que su hija tuviese que probarse delante de ellas un conjunto de ropa interior que le había regalado. LA NIÑA venía quejándose de que sus compañeras la insultaban diciéndole a menudo “puta”. En una visita comentó a su madre que hacía sangre al defecar, así que les pidió que la llevasen al médico. Hasta entonces Bea no había sospechado nada, pero pocos días después la llamaron de la Fiscalía de Menores y le dijeron que desde la Residencia habían llevado a LA NIÑA para declarar contra su hermano mayor, Javier, diciendo que le había hecho objeto de abusos deshonestos. Javier llevaba mucho tiempo sin poder ver a su hermana porque Servicios Sociales le había denegado sistemáticamente el permiso para visitarla, así que Bea no se explicaba el motivo de este nuevo asunto. Para la siguiente visita, LA NIÑA vino acompañada de un monitor apellidado “Roca”. Cuando la madre le preguntó por su declaración en la Fiscalía de Menores ella contestó asintiendo con una risa histérica, inmediatamente el monitor saltó a reprocharle fuertemente por una tontería y se la llevó de inmediato. Cuando salió de allí, Bea se fue directamente al Juzgado de Guardia a denunciar su sospecha del abuso/violación de su hija en el Centro de Acogida. Acto seguido le prohibieron las visitas y desde el pasado mes de Julio no la ha vuelto a ver.

 

¡Con la prisa y el esfuerzo que se dio la Fiscalía de Menores de Granada para crucificar al Arzobispado de la Ciudad por encubrir la pederastia y, ahora que el sospechoso es de su propia Institución, ha archivado la denuncia sin dar explicación alguna a su madre!

 

Las víctimas de estas tragedias quedan arruinadas, deprimidas, socialmente rechazadas y son incapaces de defenderse. Una vez “señalados” reciben un trato mucho más desfavorable por el Sistema, produciéndose auténticos ensañamientos con los que se busca destruirlos para anular su resistencia. A menudo reflejan su profunda indignación cuando se expresan, ofreciendo una imagen agresiva que aún sirve de justificante a sus verdugos. En el caso de Bea, podemos añadir que la metieron varios meses en prisión porque transformaron en delito de estafa lo que era el impago de un hotel en el que estuvo alojada para poder ver a sus hijos en la residencia de la localidad de Motril a la que se los habían llevado. Ahora le han dado otra estocada condenándola a tener que alojar en su casa a Antonia, su madre, que ya está jubilada, para que no tenga que irse a una residencia de ancianos, bajo amenaza de prisión. Quizás intentaban terminar de aplastarla antes de que denunciara la sospecha de que violan a su hija o de que se están apropiando de una pensión que, al parecer, tiene concedida Alfonso, pues acaba de enterarse de que está incapacitado por minusvalía psíquica grave desde que estaba en la residencia y de que alguien que tiene asignada su tutela está cobrando su pensión.

 

Al lector puede parecerle que la versión de Bea choca con la contradicción de no es posible que “El Mundo Entero” esté compinchado en su contra, que algo más tiene que haber para que le hayan hecho eso, aunque “Las Autoridades” no nos lo hayan querido contar. Pero en una ciudad de mediano tamaño como Granada “el Mundo” no es un montón de personas anónimas, sino un grupo reducido localizado en los Juzgados y los Servicios Sociales que controlan la asistencia a Menores, que conviven a diario entre sí. Sus cargos les convierten en “Autoridad Pública” y su dictamen es “La Ley” que todos tenemos que respetar, así que quienes se resisten a ellos la Sociedad les señala como a delincuentes y les presume culpabilidad. En un País donde el corporativismo y la corrupción son tan enormes como en este, no es difícil que alguien caiga en las garras de alguna perversión del Sistema, se le vaya engordando la bola y termine como Bea. Por la avalancha de personas que no dejan de acudir para que contemos también su historia, ella no debe ser un caso excepcional. Para ellos es difícil conocerse entre sí, contactar y organizarse, pero estas publicaciones parecen estar despertando su conciencia colectiva, que es su única esperanza.

 

Hay otros muchos tipos de afectados por esto que muchos llaman “la Industria del Género”, que se dedica a sacar provecho de los problemas de las Familias. Tan solo la gente adinerada e influyente a la que afectaba el “CASO AFAL” de expolio a ancianos con Alzheimer, ha conseguido hasta ahora vencer a ese monstruo que parece estar cobijado por los Poderes del Estado, en especial el Judicial.

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4 Comentarios
Fecha: Sábado, 5 de noviembre de 2016 a las 12:05
MeiideMi
Se exige un inmediato control las Instituciones privadas que atienden Centros de Menores porque cometen verdaderas crueldades silenciadas en Denuncias arxivadas.La Fiscalia del Menor no actua, seguramente por intereses politizados. INVESTIGUEN, PROPONGAN AUDITORIAS A ESTOS INHUMANOS NEGOCIOS EN VIDAS DE MENORES.
ABRAN UNA INSTRUCCION LEGAL E IMPARCIAL PARA SANAR ESTA CORRUPCION.
Los negocios con la infancia tutelada crecen mientras se crean niños esclavos ,transtornados e infelices y a la vez madres y familias torturadas en el impedimento a la defensa judicial.
Fecha: Miércoles, 9 de marzo de 2016 a las 14:26
Oscar Centurion
En Argentina, estoy pasando una grave situación, acusado de abuso a mi hija, hace tres años no la puedo ver, injustificadamente el 11 de diciembre de 2015, se realizaba el juicio oral, injustificadamente lo suspendieron hasta el 6 de mayo de 2016, con permanente acoso del tribunal oral 9 de CABA. DANDO TIEMPO A LA MANIPULACION PERVERSA DE LA MADRE, QUE LA TIENE ATERORIZADA. CONOZCO PERSONALMENTE EL CASO DE DOS SEÑORAS QUE ESTAN EN UNA PELIGROSA SITUACION, POR LA INOPERANCIA JUDICIAL, OSCAR CENTURION.
Fecha: Viernes, 6 de noviembre de 2015 a las 11:42
RAMONA B.J.
quedo profundamente afectada por el enorme sufrimiento y calvario que han sufrido y lo estarán sufriendo estas tres criaturas....me parece una total mala praxis y prevaricacion no haber proporcionado ayudas a la progenitor para la unida familiar y haber evitado otras alternativas tan graves y extremas.me parece que habría que subrayar la parte final general,en la que se pone palabras y nombre a que ser,so, y juzgado son un grupo localizado que trabajan entre si,etc,,,y subrayar que sus ensañamientos,estos u otros contra otras personas, solo buscan romper su resistencia,y que nunca se ****
Fecha: Lunes, 2 de noviembre de 2015 a las 11:56
Bea
Impresionante, como mujer y madre me siento totalmente indefensa antes esta situación, no sé ni como enfocarla ni como podria defenderme ante esta administración tan.... no hay palabras.
Y comparto en nombre con la victima. Mi maximo apoyo y espero que lo consigais

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