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Europa Press.
Sábado, 18 de febrero de 2017
leyes mordaza

No es delito fotografíar a policías y guardias civiles

[Img #14275]La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha elaborado un Manual práctico sobre las Leyes Mordaza, en referencia a la Ley de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de arrojar luz sobre las restricciones legales a tener en cuenta a la hora de informar.

 

Según ha informado la asociación, que presentará el manual en los próximos días, su principal preocupación es la autocensura de los profesionales de la información y la comunicación. "Nos preocupa que pueda haber fotógrafos, reporteros o activistas que eviten cubrir con normalidad determinados hechos por temor a sanciones o, peor aún, penas de prisión", ha explicado la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez.

 

Por su parte, el director legal de la Plataforma y autor del manual, Carlos Sánchez, ha declarado que la "desmesurada" actividad legislativa de la primera legislatura del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "tiene una explicación, y esa explicación se llama 15-M". "Las Leyes Mordaza tienen como finalidad dificultar el ejercicio de derechos fundamentales, en la calle y en la red", ha avisado el abogado.

 

En este contexto, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información ha hecho público este martes 14 de febrero un decálogo sobre libertad de expresión en España, donde destaca la "falsa creencia" de que está prohibido fotografiar a agentes de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

 

"Nos preocupa que pueda haber profesionales que eviten cubrir con normalidad determinados hechos por temor a sanciones o penas de prisión"

 

En este caso, el texto apunta que lo que podría ser sancionable es "el uso no autorizado de las imágenes, pero no obtenerlas". "Además, con muchas cautelas, porque tanto algunos jueces como la Defensora del Pueblo están interpretando que, en muchos de estos casos, prima la libertad de información, como en el caso de Axier López", ha apostillado.

 

Asimismo, el decálogo indica que "en ningún caso la policía puede solicitarle a un periodista, ni tampoco a un ciudadano, que borre cualquier foto" y advierte de que "hacerlo puede suponer delitos de revelación de secretos y de daños informáticos, e incluso un delito contra los derechos individuales, en la medida que se impide a un ciudadano el ejercicio de un derecho". "La censura previa es delito", ha subrayado.

 

Además, añade que la Policía podrá incautarse de la cámara o el teléfono móvil de un ciudadano o incluso periodista, "si tiene indicios de que las fotografías puedan ser utilizadas para la comisión de actos delictivos o que ponen en peligro la seguridad de los funcionarios policiales o de sus instalaciones". "Para hacerlo, deberá levantar un acta y, posteriormente, comunicárselo al Juzgado de Instrucción y entregarle la cámara al juez", ha recalcado.

 

"El problema es qué hacer en la calle, si un policía da una orden en este sentido, bajo el apercibimiento de ser detenido en caso de desobediencia. La solución en ese momento no la puede dar un abogado, sino las personas que rodeen al periodista, que podrán actuar como testigos de la vulneración de derechos. Al margen de ello, es muy recomendable tener activado el almacenamiento inmediato de las imágenes en la nube, al objeto de impedir el borrado de la exclusiva", ha advertido Carlos Sánchez.

 

"Dar a conocer informaciones relevantes, veraces y de interés público es la función del periodismo, y una piedra básica del sistema democrático"

 

Por otro lado, avisa de que dar a conocer informaciones "relevantes, veraces y de interés público es la función del periodismo y los medios, y una piedra básica del sistema democrático, y así se han venido pronunciando los Tribunales cuando han tenido que ponderar la posible colisión entre la libertad de prensa y otros derechos".

 

"Cuando salen a la luz comunicaciones privadas o protegidas, las posibles conductas ilícitas que se puedan producir (revelación de secretos, obstrucción a la justicia o infidelidad en la custodia de documentos) no podrían imputarse en ningún caso al medio de comunicación que da difusión a tales contenidos, sino a la persona que directamente lo hubiera cometido. El medio de comunicación no tiene por qué haber conocido el origen ilícito de la información. En ese caso, al tratarse de hechos veraces y relevantes, está facultado a publicarlos sin revelar sus fuentes", ha aclarado.

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