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Redacción
Jueves, 11 de mayo de 2017
teleladrillo o televalcárcel

Podemos considera que el gobierno del PP “boicotea cualquier intento de independencia de los medios de comunicación públicos”

[Img #14710]El secretario general y portavoz parlamentario de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha señalado que “algo habrá” cuando desde la antigua Consejería de Cultura, la de Desarrollo Económico o desde Función Pública se han dedicado a bloquear “sistemáticamente” cualquier tipo de supervisión y control del servicio televisivo que realiza CBM, la empresa privada que gestiona 7RM.

 

Urralburu ha concretado que la actual consejera portavoz, Noelia Arroyo, cometió “abuso de autoridad y se saltó la ley” al dictar el decreto por el cual se retiraban las competencias al ente RTRM sobre el control público de la televisión regional.

 

Esto supuso, según el portavoz parlamentario de Podemos, un bloqueo “jurídico, político y financiero que ha tenido importantes consecuencias en el cumplimiento de los objetivos del Ente, entre otras, informar con garantías sobre ese control público”.

 

Por ello, Óscar Urralburu ha afirmado que “algo habrá” cuando el gobierno regional “no permite la supervisión pública de la 7RM. El Partido Popular no quiere que se supervise a la televisión como marca la ley. Ha actuado para obstruir la posibilidad de una televisión pública independiente y se apunta a la estela de la teleladrillo, la televalcárcel, donde la manipulación es todo un clásico”.

 

Con respecto a la rendición de cuentas de la gestión de la televisión pública, presentada en el Informe sobre el funcionamiento del Contrato Programa, Urralburu señala que “no se cumplen los objetivos recogidos en el pliego de condiciones, ni cualitativa ni cuantitativamente. Por ejemplo, no se satisface el nivel de audiencia que no supera el 2.4%, ni se ha logrado liderar la audiencia de informativos en la franja de tarde y de fines de semana”. Además, Urralburu ha denunciado la “precarización sistemática” de los trabajadores de la 7RM que son los que están pagando “el ajuste del servicio. Mientras que no se cumple la inversión de la parte de gestión privada, sí que cumple la parte pública. Eso sí, a costa de la calidad del servicio, las indignas condiciones de sus trabajadores y la pobre situación de las productoras. Hay unas que reciben casi un 50%, mientras otras 27 no alcanzan el 9,75%”.

 

Por último, Óscar Urralburu ha pedido que tal y como decidió la Asamblea Regional se aplique la sentencia que invalidaba el ERE del personal despedido y se resuelvan los conflictos derivados del mismo, puesto que este es un proceso “que mantiene en una lamentable situación a diversos trabajadores y trabajadoras”.

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