El fiscal Anticorrupción de Murcia, Juan Pablo Lozano, atribuye a «altos mandos» del Gobierno regional el intento de conseguir la recalificación de unos terrenos con protección medioambiental en la finca La Zerrichera, de Águilas, sobre la que se proyectaba construir 4.000 casas y un campo de golf.

Según informa Efe, Lozano realiza esta afirmación en la exposición de su informe en el juicio iniciado el pasado 22 de septiembre en la Audiencia Provincial de Murcia contra seis ex altos cargos del Gobierno murciano que participaron en el intento de convertir en urbanizables aquellos terrenos, de 240 hectáreas. Aunque el fiscal no identifica a quiénes se refiere en concreto, señala que fueron «desde directores generales hacia arriba».

Lozano es tajante al señalar que se trataba de imponer la voluntad de unas personas, aunque ello supusiera pasar por encima de la ley, y en especial de la salvaguarda medioambiental de los terrenos, que estaban enmarcados en un ámbito territorial superior declarado Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), entre otras cuatro figuras de protección.

Para el representante de la acusación estatal, no hay duda de que se partía de una idea predeterminada, conseguir la recalificación de los terrenos, y hacia ese objetivo se dirigió la actuación de los acusados.

A uno de ellos, el ex director general de Calidad Ambiental Antonio Alvarado, le atribuye haberse atribuido competencias que pertenecían a la Dirección General del Medio Natural para que el asunto no escapara de su control. «La decisión favorable estaba predeterminada», comenta el fiscal Lozano, aunque algunos funcionarios se negaron a suscribir determinados informes, como les reclamaron sus superiores.

Valores ambientales

Agrega que el propio Gobierno regional había propuesto a la Unión Europea la consideración de la zona como LIC y ZEPA, «lo que suponía que le reconocía unos valores ambientales dignos de protección». Y que cuando el Ayuntamiento de Águilas hizo una consulta al Ejecutivo sobre la propuesta de recalificación de terrenos del empresario Trinitario Casanova, se le contestó que no era posible, por lo que el Consistorio procedió a archivar las actuaciones.

Para la Fiscalía, no tenía sentido por tanto que después, y a instancias de ese mismo Gobierno autónomo, se procediera a reabrir el caso en un intento de conseguir recalificar los terrenos.

La vista oral sobre este caso continúa hoy con la exposición de los informes de las acusaciones populares, mientras que las defensas lo harán mañana. Los acusados son, además de Alvarado, Encarna Muñoz, ex directora general del Medio Natural; José María Ródenas, ex subdirector general de Vivienda y Urbanismo; Alfonso Guerrero, ex director general de la misma área, y Juan Ignacio Sánchez, jefe del Servicio de Calidad Ambiental. Todos ellos están acusados de un delito de prevaricación. Alvarado y Sánchez, también de otro de falsificación.