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Juan Mariano Pérez Abad.
Lunes, 13 de noviembre de 2017
los nuevos niños robados

Y a ti… ¿Por qué te quitaron la tutela?: La historia de Raquel

[Img #15366]En España, miles de niños se encuentran bajo la tutela del Estado, muchos de ellos en contra de la voluntad de sus padres. No resulta comprensible que se les haya quitado a los hijos a unas personas que son capaces de dedicar tanto esfuerzo para recuperarlos. Tampoco parece verosímil que todos los trabajadores relacionados con nuestro Sistema de Protección de Menores estén implicados en una red de tráfico de niños. Desde esta redacción queremos intentar diagnosticar dónde está el problema en una nueva serie de casos reales.

 

Raquel Gazol Rodríguez es la mayor de los 3 hijos de una familia acomodada de la localidad de Lalueza, situada a unos 30 Km de la ciudad de Huesca, en Aragón. Es Diplomada en Empresas Turísticas, pero dedica su actividad profesional administrar la explotación de las fincas de su familia. Su relación con el padre de su hijo, Javier José Morte Corvinos, comenzó al más puro estilo “Romeo y Julieta”. Él también era natural de Lalueza, pero pertenecía a una familia modesta. Se ganaba la vida conduciendo su camión, haciendo viajes diarios a Francia, por lo que había sido rechazado abiertamente por la madre de Raquel.

 

Ninguno de ellos consume drogas, ni tiene antecedentes penales. Entre ellos no ha habido abusos ni violencia de género. No padecen trastornos mentales o enfermedades incapacitantes, ni son inmigrantes… ni siquiera son pobres. Ambos son personas dentro de unos parámetros que consideramos “normales”, tanto en sus virtudes como en sus defectos.

 

El amor se abrió paso y formaron una pareja de hecho, a pesar de los conflictos provocados por su entorno familiar. Llevaban ya 15 años cuando ella, ya con 37 años, se quedó embarazada de su primer y único hijo. La feliz noticia de la gestación fue recibida por la pareja con sorpresa, pues no esperaban un embarazo, ya que Raquel arrastraba desde los 24 años extraños problemas de salud que, entre otras cosas, alteraban su metabolismo del Calcio y del Magnesio (Hiperparatiroidismo) pero que aún no habían sido correctamente diagnosticados ni resueltos.

 

Durante el embarazo empeoró su salud y necesitó ser ingresada durante 12 días. En Agosto de 2014 dio a luz un niño precioso, pero a los 3 meses, a partir de iniciar una leche antirreflujo, empezó a tener espasmos como si tuviera Epilepsia. En el Hospital Miguel Servet de Zaragoza lo clasificaron como “Síndrome de West Criptogénico Precoz” (un grupo de enfermedades epilépticas catastróficas de la infancia) Ante la gravedad de las crisis y su falta de respuesta a la medicación (que incluso le producía empeoramiento) les anunciaron muy mal pronóstico, con una muerte precoz entre convulsiones, pero no se molestaron en profundizar el diagnóstico (por ese motivo Raquel los denunció por negligencia)

 

Los padres no se resignaban a esa muerte sin remedio y lo llevaron a hospitales privados de la altura de la Clínica Universitaria de Navarra y la Tecno de Barcelona. Para diagnosticar el problema concreto había que realizarle un “Panel de Encefalopatías Epilépticas”, en el que apareció una mutación del gen DOCK-8. Se trata de una “Enfermedad Super-Rara”, sobre cuyos síntomas y tratamiento no hay prácticamente ningún dato científico. El estudio demostró que esta alteración genética procedía de la familia del padre de Raquel y era lo que le estaba provocando también a ella su extraña enfermedad.

 

La Ciencia aún no tiene respuestas para la rara neurometabolopatía que produce ese gen. Raquel se volcó por completo en su cuidado y, entre lo que le fue asesorando un neuropediatra de Barcelona (al que también terminó demandando) lo que se informó estudiando por su cuenta, lo que dedujo de su propia enfermedad y lo increíble del instinto de una madre, consiguió por sus propios medios que el niño dejara de tener crisis. Le aplicó su propio remedio a base de retirarle la medicación, controlarle la dieta restringiendo los Hidratos de Carbono y administrarle Cloruro de Magnesio. Al parecer, ella vino a poner en evidencia que no se trataba de crisis epilépticas, sino episodios de tetania hipomagnesémia propios del hiperparatiroidismo que ella misma sufría.

 

Para cuando consiguió controlar las crisis del niño, ya se había aprendido de memoria los prospectos de todos los medicamentos, el nombre de todos los especialistas, de todas las pruebas, las clínicas… todo, absolutamente todo lo referente al problema de su hijo. Orgullosa de lo que había conseguido, desarrolló una gran desconfianza hacia unos profesionales de la medicina que con tanta facilidad habían dado por desahuciado a su hijo y se acostumbró a revisar y discutir todo lo que le prescribían. No conocemos a Raquel personalmente, pero para conseguir algo tan portentoso debe ser una persona especial, con mucho tesón, tanto que debe rayar en la tozudez hasta llegar a momentos de impertinencia. Debe ser exigente, crítica y litigante, consigo misma y con los demás. Cegada por conseguir el objetivo de salvar a su hijo, debió ser incapaz de darse cuenta que podía estar ofendiendo incluso a los que intentaban ayudarle. En fin, nada que se salga de lo normal o que pueda impedir ser una buena madre.

 

Las complicaciones de este tipo de enfermedades no solo afectan a la salud física del paciente, sino también a otras esferas de la vida a su alrededor. Por un lado se crean tensiones familiares que, cuando caen sobre un terreno que ya estaba plagado de problemas, pueden provocar conflictos como el que se desató entre Raquel y su suegra, que arrastró a las dos familias a una confrontación abierta. Por otro, y como es habitual entre los afectados por enfermedades raras, ese admirable resultado de un tratamiento “casero”, en vez de obtener los aplausos del Sistema Sanitario responsable, chocó con la incomprensión de un Mundo Científico cuya falta de humildad le hace rechazar todo lo ajeno. Por eso, a los pocos meses de vida, Javier y Raquel ya tuvieron que superar una inspección de los Servicios Sociales de Huesca por haber dejado de sacar de la farmacia la medicación antiepiléptica que figuraba prescrita en su ficha sanitaria. Entonces aún fue fácil resolver el malentendido y cerrar el expediente, simplemente con la aplastante evidencia de que un niño con tantos informes médicos de algunas de las mejores clínicas privadas del País, no podía considerarse “desamparado”.

 

Según nos asegura la propia Raquel, la mejoría había sido espectacular, estaba sin crisis y ya había empezado a balbucear con 11 meses. Pero entonces, a pesar de que parecía comer bien, dejó de ganar peso y con 14 meses incluso empezó a perderlo. Entonces acudieron al Hospital de referencia de su zona sanitaria, el S. Joan de Deu de Barcelona, para ofrecer al niño la mejor asistencia posible ¡Y allí empezó su infierno!

 

Los pediatras a cargo del niño se posicionaron en contra de Raquel adoptando esa misma científica soberbia por la que esta combativa madre-coraje ya se había enfrentado al Servicio de Pediatría de Huesca ¡Y la guerra estalló! Lo primero que dijeron ellos fue que la causa del problema era una desnutrición provocada por las medidas dietéticas con las que Raquel había conseguido eliminar las crisis de su hijo. Ella se mostraba muy crítica y reticente con todas las medicinas y las comidas que le administraban, especialmente cuando le volvieron a aparecer las convulsiones. Quería hacer entender a los médicos que la dieta que ella le daba en casa le había curado las crisis, pero su postura se interpretó como un fanatismo anti-científico que podía perjudicar al menor.

 

Yo mismo, aunque como médico intento evitar entrar en conflicto emocional con mis pacientes, como redactor de ese Diario me puedo permitir reflejar que el problema que tenían Javier y Raquel con el peso de su hijo me recuerda el que yo mismo tuve con mi hijo mayor. Mi niño tenía una amigdalitis crónica y a cada brote perdía tanto peso que se le veían las “costillicas”, como a los “negritos del Domund”. Ahora pienso que fue la suerte de ser médico la que quizás nos libró de que la pediatra avisara a los Servicios Sociales, pensando que no le dábamos de comer. Y al igual que el mío engordó cuando le operamos las amígdalas, el suyo ganó peso cuando le pusieron tratamiento para su infección de orina.

 

Como cirujano, he de reconocer que algunos familiares impertinentes de pacientes graves han llegado a sacarme de mis casillas cuando están alterados por la enfermedad a la que se tienen que enfrentar. Pero es parte de nuestro oficio comprender y disculpar un comportamiento inadecuado en esa situación, siempre que no se llegue a las agresiones o amenazas, así que nunca me he sentido impulsado a emprender una guerra personal contra ellos o a privarles de sus derechos, aunque ofendiesen mi vanidad poniendo en duda mi capacidad profesional.

 

Siempre he pensado que, seguramente, ellos amaban a su familiar más que yo. Por eso me resulta grotesco y contradictorio, por muy litigante u ofensiva que les resultara Raquel, acusar de negligencia con la alimentación del niño a unos padres que, después de llevarlo a varias clínicas privadas, habían acudido a ese Hospital precisamente para solucionar, entre otros, el problema con el peso. Sin embargo, antes de que los análisis demostraran que no había ningún tipo de desnutrición, sino que se trataba de una infección de orina, ellos ya habían puesto sobre aviso a la UFAM (Unidad Funcional de Atención a los Abusos Sexuales a Menores) para denunciar una presunta situación de desamparo.

 

Curiosamente, aunque esa Unidad fue creada para combatir el abuso sexual, parece haberse convertido en una “comisaría” capaz de acusar de cualquier tipo de maltrato a los padres de los niños ingresados en ese Hospital ante la DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia de Cataluña). A su frente está la Dra. Marta Simó Nabot, a la que incluso una asociación tan allegada a las doctrinas de Género (y por tanto a los Servicios Sociales) como SIMICAT, le ha llegado a presentar hasta 21 denuncias en la que la acusan de emitir informes falseados para expedientes de desamparo y juicios de divorcio, siempre con el objetivo de separar a los niños de uno o de ambos padres. Su actuación transformó el lamentable error asistencial de implicarse emocionalmente en una pueril pelea con la madre, en una horrible catástrofe.

 

Hoy en día es muy fácil que los Servicios Sociales, abusando de la autoridad que les confiere la Ley, les quiten a los padres la tutela de sus hijos por cualquier motivo absurdo. A veces basta con tener la mala suerte de pasar por delante de su punto de mira, pero las familias divididas y enfrentadas por conflictos internos son presas mucho más fáciles para estos auténticos lobos. La pareja de Javier y Raquel, que había llegado cojeando al Hospital, agobiada por la sobrecarga del ingreso, por el enfrentamiento de sus familias y por el acoso de unos Servicios Médicos que les señalaban como padres negligentes, terminó por desplomarse. Inmediatamente después de la ruptura de la pareja, en Octubre de 2015, les arrebataron la Patria Potestad de su hijo.

 

Desde entonces, el niño se encuentra bajo la tutela de los Servicios Sociales. Tras su alta hospitalaria le concedieron la guarda y custodia a su abuela paterna, quizás tan solo porque sabían que cumpliría a rajatabla la condición que le imponían de limitar o impedir las visitas de su madre, debido al conflicto que mantiene con ella. Según Raquel, las noches las está pasando ahora en la casa de la abuela en el pueblo de Lalueza, pero durante más de 7 horas al día lo mantienen internado en un centro de “ASPACE” especializado en el tratamiento de niños con parálisis cerebral, que está localizado en la ciudad de Huesca. Nos dice que el trayecto diario de ida y vuelta suma casi tres horas, porque lo hace en un autobús asistencial con muchas escalas.

 

Es evidente que Raquel está convencida de que lleva la razón respecto a los cuidados que necesita su hijo y es incapaz de darse por vencida. Mantiene un feroz enfrentamiento con unos Servicios Sociales que no dudan en represaliar sus protestas haciendo abuso de su poder cuando Raquel pone en duda su actuación. Ellos aseguran que cuando dejaron que Raquel se lo llevara un fin de semana con ella, le aumentaron las crisis. Ella alega que la abuela y las cuidadoras de la residencia reconocieron en una declaración ante el IASS que le contabilizan más de 100 crisis convulsivas diarias bajo la tutela de la Administración. También sostiene que el niño carece de un seguimiento médico especializado, que no gana peso y que no le han hecho ni un solo análisis de sangre en un año.

 

Puede que la Ciencia Médica aún no sepa manejar las consecuencias de la mutación del gen DOCK-8, pero Raquel está segura de que sí puede controlar la enfermedad de su hijo. Por eso, al margen del sufrimiento de verse separada de él, vive desgarrada al sentirse atada de manos ante su impresión de que le están dejando morir sin proporcionarle los cuidados que solo su madre sabe darle. Nadie en su sano juicio puede poner en duda la buena voluntad de una madre que dedicó tanto esfuerzo a buscar un remedio para aquella enfermedad y ahora lo sigue dedicando a luchar contra lo que considera su secuestro institucional. Pero si la actitud de los médicos del Hospital S. Joan de Deu pudo resultar prepotente, la que demostró Asuntos Sociales de Barcelona podría ponerse como ejemplo en la definición de la palabra “Soberbia” del Diccionario de la “Real Academia”. En primer lugar, de la lectura de la Resolución de Desamparo de 8-10-15 por la que les arrebatan la tutela de su hijo, destaca el hecho de que un documento de tantísima importancia se lo entreguen escrito en Catalán, a pesar de que ellos son aragoneses que se encontraban en Barcelona por obra y gracia de los acuerdos sanitarios entre ambas comunidades autónomas. La copia que nos envía la madre viene con numerosas anotaciones marginales en las que indica la falsedad o tergiversación de los datos asistenciales en los que se basa el “desamparo” y las pruebas que los desmienten.

 

Los Servicios de Protección de Menores de muchas zonas geográficas tienen por costumbre desacreditar y hasta difamar por escrito a los padres en sus documentos cuando les retiran la tutela de sus hijos. Su objetivo no parece otro que justificar sus decisiones ante la Justicia y la opinión pública, así como provocar que los padres se sientan impulsados a tener que malgastar gran parte del esfuerzo que son capaces de hacer para recuperar a sus hijos en lavar su propia imagen. En este caso arremetieron directamente contra la madre diciendo que tiene un “discurso poco coherente”, “verborrea”, “cambios de humor”. Afirman que tiene algún tipo de trastorno mental antes de haberle hecho pasar por la consulta de Psiquiatría en la que se demostró que no.

 

Del texto se deduce claramente que los responsables de su redacción se han dejado arrastrar por una implicación emocional contraria a Raquel, que los convierte en sus enemigos personales y, por tanto, los incapacita para ejercer ningún tipo de autoridad en ese asunto. Normalmente, los textos de las resoluciones de desamparo son casi iguales unas a otras, como sacadas de una plantilla, sin embargo a Raquel le hicieron un “traje a medida” en el que no les importó tergiversar el sentido de frases como -“se ha manifestado interesada en la medicina natural y llama la atención la cantidad de terminología médica que utiliza”- que, aunque vista de forma aislada parece expresar admiración por la capacidad de esfuerzo que había demostrado como madre, aquí se usa como justificación del castigo que le infringían por haber ofendido su orgullo. No les importó contradecirse reprochándole que estaba infringiendo a su hijo una “desatención grave con afectación de su salud”, mientras que en el mismo texto estaban reconociendo que traía pruebas de varios especialistas privados. Mientras lo estás leyendo, te da la impresión de que en cualquier momento va a aparecer escrita en el papel la expresión: “¿Y qué se habrá creído esta…?”

 

Pero la clave del problema de los tutelados no está tanto en las resoluciones de desamparo como en las sentencias judiciales que las confirman o revocan. En esta, como en prácticamente todas las que se dictan sobre este tema, la Justicia da sistemáticamente la razón a Protección de Menores. Leyéndolas es donde podemos comprender qué falla en el Sistema. El primer problema grave lo reconoce la propia sentencia: Debido a la sobrecarga de trabajo, el Juzgado había sobrepasado ampliamente el plazo de tiempo legalmente establecido para resolver este asunto. Quizás si no se tramitaran tantos desamparos en contra de la voluntad de los padres, habría menos sobrecarga. Resulta contradictorio que la Administración derroche tanto dinero en residencias de acogida concertadas, pero no tenga dinero para ampliar los Juzgados.

 

En esta sentencia no sucede lo mismo que hemos visto en tantos otros casos: No está confeccionada al “por mayor” a base de copia-pegas de expresiones sin sentido y frases hechas, aparentando dar la razón a los Servicios Sociales sin haberse leído siquiera el asunto que debía ser juzgado. Más bien refleja un gran esfuerzo para intentar entrar en el fondo del caso. Describe perfectamente la situación de conflicto entre la familia de Raquel contra Protección de Menores y la familia de Javier. Resulta conmovedora cuando describe la parálisis del padre atrapado en el fuego cruzado entre su madre y la de su hijo, así como el hecho de que ya nadie le hiciera caso cuando quiso hablar para darle la razón a su exmujer. Tampoco deforma intencionadamente la realidad de los hechos que viene a juzgar, sino que los expone con todo el realismo que puede percibir un profesional ajeno al mundo sanitario. En alguno de los casos que ya hemos publicado, interpretaciones groseramente tergiversadas y gestos poco coherentes de funcionarios del entorno de algunos juzgados llegaban a provocar la impresión que todo el Sistema de Protección de Menores de esas áreas geográficas podía estar involucrado en una red de tráfico de menores. Esta sentencia parece haber sido redactada con esfuerzo y con una intención honesta.

 

A pesar de eso, sin necesidad de ser experto en leyes, cualquier persona puede ver un par de errores garrafales que desacreditan este trabajo judicial, por muy honesto y esforzado que nos parezca:

 

  1. Si de lo que se trata es de defender “El Bien Superior del Menor”, la primera pregunta que nos hacemos todos es si el tratamiento que le aplicaba la madre antes de ingresar en el Hospital consiguió realmente eliminar las crisis convulsivas del niño o no. Si la realidad fuese que NO resultaba eficaz, sino que solo se trataba de la fabulación de una madre obsesionada, podría estar justificado lo de quitarle a su hijo, por muy radical que parezca la medida. Pero si realmente SÍ que funcionaba, tal y como parecían demostrar las pruebas que aportaba la madre, además de un premio de la Academia de Medicina, el Juzgado tendría que habérselo devuelto y debería haber abierto expedientes disciplinarios a los trabajadores sanitarios y sociales implicados. Sin embargo, la sentencia no refleja ninguna pesquisa al respecto.

  2. Este tipo de pugnas por la tutela entre los padres contra la Administración son, de alguna manera, un contencioso-administrativo en el que la Administación Pública debe ser considerada como una de las dos partes del litigio. En todos los juicios, cada oponente aporta sus propias “peritaciones de parte”. En caso de duda, el juez puede designar otros “peritos judiciales” a los que se les pueda presumir una completa imparcialidad. No es lógico ni aceptable considerar como “peritos imparciales” los mismos Empleados Públicos que constituyen una de las dos partes de la contienda. Sin embargo, a pesar de que acudieron varios médicos de la Sanidad Pública a testificar a favor de Raquel, en el punto 4º de los fundamentos de derecho de la sentencia se refleja textualmente que los peritos que aportan los padres “son profesionales sanitarios de la sanidad privada, de tal manera que los informes emitidos por ellos no pueden prevalecer sobre los informes expresados por médicos del Sistema Público de Sanidad (debe referirse a los del Hospital enfrentados con Raquel) ni sobre los informes formulados por los trabajadores de los Equipos Técnicos de Protección de Menores”. No resulta aceptable el dictamen de un juicio en el que lo que diga una de las partes va a ir directamente a misa y diga lo que diga la otra no va a valer para nada, sin pedir una opinión imparcial. Este desequilibrio tan evidente en un Juzgado que pretendía ser honesto, solo se entiende como una manifestación más del corporativismo enfermizo entre Autoridades Públicas que está impidiendo corregir las perversiones de la vida pública de nuestro País.

  3.  

El diagnóstico sobre este nuevo caso de desamparo aparentemente abusivo parece claro y evidente: En este caso no podemos hablar de intereses económicos del negocio de adopciones o residencias de acogida concertadas. El carácter litigante de Raquel ha ofendido la SOBERBIA del Sistema Socio-Sanitario que, como represalia, ha cometido un nuevo abuso cobijándose en el CORPORATIVISMO que desvirtúa nuestro Sistema Judicial y Social.

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1 Comentario
Fecha: Lunes, 13 de noviembre de 2017 a las 10:36
Cesar
Bravo juanmariano tu coraje y análisis de la verdad silenciada nos ofrece la oportunidad de comprender que en las administraciones publicas de genero hay tanta mafia y CORRUPCIÓN como en los partidos que representan,yo he sufrido amenazas por denunciar el secuestro.de mi hija,por una perito ultrafeminista de un juzgado que no hizo otra cosa que legalizar dicho secuestro y maltrato que sufre la niña por causa de intereses económicos mayormente,ahora solo nos queda esperar a que la fiscalía u otro ente del feminismo criminal te declare en rebelion por no comulgar con estas ALIMAÑAS que se nutren económicamente del sufrimiento ajeno.yo te apoyare para enfrentarnos a esta mafia criminal por que tengo pruebas de corruptelas de estos individuos.animo a esta madre coraje a que no doble la rodilla jamas.un abrazo

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