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Juan Mariano Pérez Abad.
Viernes, 15 de diciembre de 2017
Los nuevos niños robados

Y a ti… ¿Por qué te quitaron a tu hijo?: Otra Raquel en Sevilla

[Img #15429]En España, decenas de miles de niños se encuentran bajo la tutela del Estado, muy a menudo en contra de la voluntad de sus padres. Lo primero que piensa todo el mundo es que “algo gordo habrán hecho esos padres para que les quiten a sus hijos”. Sin embargo, cuando analizamos casos concretos y vemos la energía que muchos de ellos dedican a intentar recuperarlos, no nos resulta comprensible que padres tan esforzados hayan podido merecer ese castigo. La única explicación lógica a esta contradicción parece señalar a los enormes beneficios económicos que se generan en las Residencias de Acogida de Menores y las Adopciones. Visto así, la gran cantidad de niños que son tutelados todos los años sugiere la existencia de una auténtica “Industria del Tráfico de Menores” infiltrada en nuestras Instituciones del Estado. Sin embargo, tampoco resulta verosímil que todos los trabajadores relacionados con nuestro Sistema de Protección de Menores estén implicados en esa perversa red de sustracción de niños.

 

Desde esta redacción queremos intentar diagnosticar dónde está el problema de nuestro Sistema de Protección de Menores en una nueva serie de casos reales.

 

Raquel Garrido de la Vega es una sevillana de fuerte carácter que parece representar el prototipo de mujer a las que pretenden querer proteger las actuales Políticas Sociales de Género. Siendo aún menor de edad, sufrió el maltrato de su padre, al que ella describe como un alcohólico. Después de una de aquellas palizas, lo denunció a Servicios Sociales y la mantuvieron refugiada durante un tiempo en una residencia de acogida de menores. Con semejante modelo de hombre, no fue difícil equivocarse eligiendo como padre de sus 3 primeros hijos a un adicto que también tomó la costumbre de pegarle (motivo por el que fue condenado judicialmente) hasta que se separaron. Pero aún fue un error más grave el de volver a aceptar la ayuda de sus padres y el cobijo que le ofrecían tras la separación, renunciando a la casa en la que vivía con sus hijos. Ella, que siempre ha sido una mujer muy trabajadora, entregaba gran parte de su salario a sus padres en agradecimiento a la protección recibida. Pero no duró mucho la felicidad, porque sus padres seguían siendo los mismos que antes y no tardaron en chocar con ella y hasta en volver a agredirle. En esta ocasión, cuando ella quiso cerrarles el grifo, fueron los padres los que la denunciaron ante Servicios Sociales.

 

En esta redacción estamos acostumbrados a ver cómo Protección de Menores se comporta como un depredador implacable que se aprovecha de la debilidad de los conflictos familiares para cazar niños de tutela, sin que sea necesario que se cumplan las circunstancias por las que la Ley de Protección del Menor motiva su retirada a los progenitores biológicos. Como es habitual, en el texto de esta Resolución de Desamparo volvemos a observar cómo se recurre a una dialéctica elegante para difamar a la progenitora con el fin de justificar la intervención, pero en ningún momento se dice que los niños estuvieran descuidados, maltratados o que sufrieran ningún tipo de abuso, ni siquiera que no estuvieran vacunados o faltaran al colegio.

 

Raquel no entendía cómo, a pesar de que en aquellas oficinas conocían perfectamente los antecedentes de sus padres, su denuncia había sido suficiente para que le quitaran a sus hijos. Desde fuera, tampoco se entiende muy bien por qué les dieron la custodia a los abuelos en forma de “acogimiento remunerado”, mientras que a ella le negaban ayuda para retomar la vida con sus niños en su nuevo hogar. Desconocemos cómo se distribuyen este tipo de fondos, pero esta política concuerda con la que hemos observado en otros muchos casos en los que, después de ir reduciendo hasta negar las ayudas económicas a los padres, se les quita la tutela por motivos relacionados con su pobreza (lo que contradice textualmente la Ley del Menor) Entonces se envía a los niños a residencias de acogida concertadas, a las que el Estado les paga (con nuestro dinero) cerca de 4.000 €/mes, tal y como se puede comprobar en muchos Boletines Oficiales Autonómicos.

 

Si relacionamos la gran cantidad niños que son declarados en desamparo en nuestro País, la inconsistencia de los motivos para quitárselos a sus padres y lo abultado de las dotaciones económicas que se destinan a su manutención, entendemos que se haya creado la impresión generalizada de que existe una auténtica “Red Tráfico de niños” operando dentro de nuestros Servicios Sociales.

 

Raquel expresó su desacuerdo por vía administrativa y judicial, tan solo para darse cuenta de la lentitud e inoperancia de los cauces oficiales de reclamación, para estos casos tan graves de vulneración de Derechos Humanos. Entonces recurrió también a la protesta pública e intentó divulgar a través de los medios de comunicación cómo trata el Estado a las mujeres maltratadas como ella, a las víctimas de ese famoso “maltrato machista” en cuya supuesta prevención se gasta tantos miles de millones de Euros. Pero no encontró respaldo en una Prensa que, desde el “Caso Arnie” (un prostíbulo de menores tutelados de Sevilla) se ve amenazada por la Fiscalía para silenciar este tipo de asuntos, con la excusa de la confidencialidad de datos sobre Menores.

 

De hecho, solo le sirvió para tener que enfrentarse a las amenazas y represalias que le impusieron desde la Administración. Llama poderosamente la atención que, en un país democrático como suponemos que es el nuestro, las Instituciones del Estado represalien las protestas de los usuarios y las censuren en los medios de comunicación, como si viviésemos en una dictadura de las más feroces.

 

Ella intentó rehacer su vida sentimental sin haber superado sus traumas infantiles y se volvió a equivocar. Se quedó embarazada de otro chico aún peor que el anterior. Éste, además de ser adicto y maltratador, sufría celos enfermizos. Cuando se quedó embarazada la atropelló con el coche porque pensó que el hijo que había concebido no era suyo. Curiosamente, fueron sus propios padres los que incitaron a los Servicios Sociales contra Raquel, cuando fueron a contarles lo del embarazo y a decirles que no se harían cargo de un 4º hijo.

 

Y estos le prepararon toda una emboscada. Cuando llegó confiada al paritorio a dar a luz al hijo por el que había sido atropellada, ya tenían firmada a sus espaldas la resolución de desamparo y habían enviado funcionarios para quitárselo nada más nacer. Dicen que en Enero de 2013, Sor María Florencia Gómez Valbuena (la monja que robaba niños entre los años 60 y 80 junto con el ginecólogo Eduardo Vela en clínicas madrileñas como la de Sta. Cristina) pocos días antes de su misteriosa muerte, justo antes de ser juzgada, aseguraba en una entrevista que lo que le imputaban a ella ya no era delito, que aún se seguía haciendo, pero que ahora ya se había legalizado. Suponemos que se refería a esto.

 

Y es que resultó que, ese mismo día, los Servicios Sociales, con la complicidad de la Jefe de Servicio de Prematuros y las Asistentes Sociales del Hospital, se llevaron a un total de 8 recién nacidos de aquellos Paritorios del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, entre la un gran tumulto de protestas, llantos y lágrimas. Sin duda, este tipo de actuaciones cimenta los rumores sobre la existencia de una red de tráfico de adopciones a través de las ONGs y empresas privadas con las que los Servicios Sociales conciertan la atención a los tutelados. Quizás por eso se rumorea abiertamente que, cuando el niño que se recibe en adopción es un tutelado español, es costumbre establecida que la familia receptora entregue “voluntariamente” un donativo anónimo de 50.000 € a la ONG que lo tramita.

 

Los hijos de personas reivindicativas como Raquel no son buenos candidatos para la adopción, porque sus padres mantienen bloqueada la adopción definitiva durante años por los recursos judiciales que van poniendo sin descanso y sin reparar en gastos. Pero después de quitarle a su bebé y tenerlo por 6 meses con una familia de acogida, los Servicios Sociales no encontraron mejor forma de impedirle tener contacto con él que entregarle la custodia a sus abuelos paternos, los padres del chico que había sido condenado por atropellarlo mientras estaba dentro del vientre de su madre. Ensañarse contra las víctimas insumisas de una resolución injusta con este tipo de represalia es algo que repiten frecuentemente en los Equipos Psicosociales de todo el País. No parece sino una forma de disimular su propia culpa de impedir el contacto, atribuyendo la responsabilidad del castigo a los rivales del conflicto familiar a los que asignan la custodia.

 

Haciendo un inciso, no entendemos por qué, a pesar de que ella estuvo una semana ingresada en el Hospital con una fractura de mandíbula y de tener antecedentes penales, ese hombre no ingresó en prisión. Esto contrasta fuertemente con la dureza con la que se suele castigar a los hombres, incluso por pequeños insultos en discusiones conyugales, a través de la Ley de Violencia de Género. Una dureza tan frecuente y extrema que hace que esta sea la tercera causa de encarcelamiento en España. Aún desconociendo el motivo de su indulto, creemos que estas son el tipo de cosas que generan la impresión de que nuestra Justicia no es igual para todos.

 

Los españoles, en general, viven confiados en que nuestro País es un “Estado de Derecho” y que tiene unas Instituciones que hacen cumplir la Ley. Quizás abriguemos esa impresión porque tenemos una de las tasa más bajas del Mundo de violencia en general y de la Doméstica y de Género en particular. Pero la causa de este privilegio debe ser sin duda el carácter bondadoso de una población que no deja de batir records del Mundo en donaciones de órganos y recaudaciones para catástrofes naturales, porque cuando tenemos un problema y necesitamos recurrir al Estado para que se haga cumplir esa Ley, chocamos contra el muro de un Sistema Judicial que no funciona. E igual que les viene sucediendo a todos los padres que reclaman contra Servicios Sociales, ahí se estampó también Raquel.

 

Además de las escandalosas demoras en el señalamiento de estos juicios, en las numerosas sentencias judiciales sobre tutelados procedentes de todo el País que hemos tenido la ocasión de evaluar, siempre nos ha llamado la atención dos perversiones de la Justicia que se repiten sistemáticamente:

 

  1. Esto se trata de un proceso judicial en el que los padres (una parte) reclaman ante la Administración (la otra parte) por una decisión tan radical como la de quitarles a los hijos. Al igual que sucede en los Contencioso-Administrativos, en estos casos la Justicia debería situarse en el medio de una forma imparcial y examinar con el mismo respeto las pruebas que aportan las dos partes, para poder tomar una decisión justa y equilibrada. Sin embargo, en estas sentencias solo se tiene en consideración como “imparcial” lo que dice Menores y se rechaza como “parcial” todo lo que procede de los padres. Esto resulta contrario a la esencia misma de la Justicia. De hecho hay sentencias en las que se reconoce frases completas procedentes de las Resoluciones Administrativas de Desamparo que se pretenden juzgar, como si se hubieran extraído de ellas para redactar “al copia-pega”. En esta ocasión, una breve sentencia tan solo sirvió para decirle a Raquel que ratificaban todo lo que decían los Equipos Psicosociales de la Junta de Andalucía, sin siquiera analizarlo.

  2. Tampoco entendemos por qué la Justicia da validez a los “Indicadores de Riesgo” que marcan los Servicios Sociales, frente a los motivos concretos para poder quitarle la tutela a los padres que se dictan en esa Ley de Protección del Menor que parecen querer ignorar. Y en el caso de Raquel, tras una larga espera, para cuando salió la sentencia ella ya estaba casada con un buen hombre y tenía trabajo estable en Almería. En ningún momento se dijo que concurriera alguno de esos “Motivos Legales” para quitarle a los hijos y, además, se reconoce que su situación ha mejorado como para poder hacerse cargo de sus hijos, pero se lo deniegan por la simple razón de que Servicios Sociales dice que están bien adaptados a su acogimiento remunerado con los abuelos (los 3 mayores con los maternos, el menor con los paternos) y que, a su entender, los “indicadores de riesgo no se han disipado”. A los que no sabemos Derecho, todo esto nos parece una aberración que contradice los criterios que se defienden en esa Ley.

Otra de las “crueldades” del Sistema de Protección de Menores y que no terminamos de entender es lo que pasa con el régimen de visitas entre los padres y sus hijos tutelados. No comprendemos cuál es el motivo por el que Menores restringe, limita y obstaculiza sistemáticamente las visitas de los padres en las residencias. A menudo se predispone a los niños en contra de sus progenitores, provocándoles una auténtica “Alienación Parental”. También se impide que las familias de acogida externas conozcan a los padres biológicos y se enteren de las circunstancias que provocaron el desamparo. Parece como si se intentara desarraigar a estos niños de su familia de origen y crear un ambiente obscurantista alrededor de todo este tema, reafirmando la impresión de que se trata de una auténtica “Trama”.

 

Como ejemplo el de Raquel, que lleva mucho tiempo sin ver a ninguno de sus hijos. Nos dice que a los 3 mayores no los ve porque sus padres le aseguran que, si dejan que ella los vea, los Servicios Sociales les quitarán el dinero que les dan por el “acogimiento”. Con el pequeño tenía asignada 1 hora de visita a la semana los miércoles por la mañana en las dependencias de Menores de Sevilla, pero ahora trabaja en Almería y ahora le es imposible cumplir ese horario sin perder el trabajo del que vive y que le exigen como condición necesaria para poder recuperar a sus hijos algún día. Como no se han molestado siquiera a contestar a sus solicitudes de cambio de horario, lleva meses sin poder verlo.

 

Como resumen diagnóstico, el caso de Raquel es uno más de los que ponen de manifiesto un panorama absolutamente aterrador en nuestro Sistema de Protección de Menores. Hay demasiadas personas (los funcionarios también lo son) participando o simplemente consintiendo de forma pasiva estos atroces abusos. Si este sector de nuestra Vida Pública tuviera que servir de ejemplo para contrastar la salubridad de nuestra ya no tan joven Democracia, tendríamos que considerarla enferma en fase terminal de un cáncer que no tiene curación. Países que fueron más ricos y avanzados que nosotros (Venezuela…) son ahora el ejemplo del caos y la justicia en propia mano que nos espera en el futuro que estamos sembrando.

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1 Comentario
Fecha: Sábado, 16 de diciembre de 2017 a las 12:48
LAURA R
Felicidades juanma por tus artículos.

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