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Redacción
Jueves, 21 de diciembre de 2017

Denuncian ante Fiscalía presuntas alteraciones en informes psicosociales en un juzgado para manipular custodias de niños

La Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que investigue "con carácter urgente" presuntas actuaciones irregulares de, entre otras, la jueza titular del Juzgado de Familia número 28 de Madrid, a la que acusan de alterar, junto a otras personas, informes psicosociales "de manera sistemática y continuada durante 10 años" para decidir sobre custodias de niños.

 

En su escrito, presentado hace una semana a la Fiscalía General del Estado y a la que ha tenido acceso Europa Press, la Asociación considera que estos hechos podrían constituir presuntos delitos de prevaricación, prevaricación administrativa, cohecho pasivo y generación de prueba pericial falsa.

 

En ellos estarían implicadas, según la Asociación, la jueza titular del juzgado, Emilia Marta Sánchez Alonso, la secretaria judicial, la fiscal del juzgado número 28 en aquella época y, en su caso, la directora general de Justicia de la Comunidad de Madrid y personas a su cargo.

 

También afecta a la psicóloga del equipo psicosocial adscrita al citado juzgado que, siempre de acuerdo con la denuncia de la Asociación, habría explicado en una cinta grabada cómo el equipo psicosocial "tenía por costumbre reunirse con la jueza y con la secretaria judicial de la Administración de Justicia, Eva María Luna Mairal". En las mismas, habrían acordado informes y las custodias de los menores.

 

"El hecho es realmente grave dado que la psicóloga informa que ella realizó unos 750 informes mientras trabajó para el Juzgado número 28, lo que podría haber afectado a cientos de familias y miles de niños", se recoge en el escrito de denuncia.

 

Éste también asegura que "después de estar durante años con este funcionamiento acordando las custodias entre el equipo, la jueza y la secretaria, la magistrada decidió no continuar con las reuniones del equipo psicosocial", aunque defienden asimismo que la jueza "no daba credibilidad alguna a los informes que no fueran de su equipo adscrito al juzgado, forma de actuar que actualmente permanece".

Dicha supuesta forma de actuar también ha sido denunciada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por 127 personas presuntamente perjudicadas, que cuestionan en su escrito la "no admisión de pruebas por parte de la juez, la no fundamentación de sus resoluciones, presunto retraso malicioso, etc".

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