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Juan Mariano Pérez Abad.
Miércoles, 7 de febrero de 2018
A pesar del temporal de nieve y del acoso de grupos feministas

Arranca la huelga de hambre de padres de tutelados en Madrid

[Img #15591]Ayer día 5-2-18, en pleno temporal de nieve, dio comienzo la concentración y huelga de hambre que un pequeño grupo de progenitores y madres de acogida de niños tutelados han decidido protagonizar ante la Fiscalía General del Estado, en la C/ Fortuni 2 de Madrid.

 

Protestan por los abusos de la Administración, que ejerce su poder con demasiada frecuencia y ligereza. Aseguran que les quitan a sus hijos (biológicos o de acogida) apoyándose en informes falseados o tergiversados, elaborados por los Equipos Psicosociales de los Servicios Sociales, en los que no se atienen a los motivos que se contemplan en la Ley de Protección al Menor. Paralelamente, señalan la existencia de un negocio millonario alrededor de los niños tutelados por la Administración, que se basa en las elevadas dotaciones presupuestarias para las casas de acogida de menores ( en su mayoría privadas-concertadas) y en la adjudicación de adopciones.

 

Para llegar hasta este momento, no solo han tenido que superar el temor a las duras condiciones meteorológicas, sino también el acoso y las campañas de desprestigio que elementos vinculados a asociaciones de carácter feminista radical, como Susana Guerrero o Victoriano Fernández, han estado lanzando desde dentro de las redes sociales de afectados, para desacreditar a los participantes y sembrar el miedo a las represalias, la confusión y el engaño.

 

El hecho de que el asociacionismo feminista al que pertenecen estos “agentes”, goce de generosas subvenciones por parte del mismo Departamento Ministerial que arrebata a estos padres las tutelas de sus hijos, parece explicar su incansable actividad en la campaña de desprestigio que están llevando a cabo alrededor de esta huelga.

 

La “pinza” formada por estos elementos infiltrados y por el control de los medios de comunicación por parte de las Instituciones del Estado, ha venido ejerciendo una presión feroz para que no se difundan los actos de protesta que los afectados y sus simpatizantes han estado realizando en diferentes puntos del País, a lo largo de los últimos años. En esta ocasión, esperan conseguir colaboración ciudadana para hacer llegar su protesta a la opinión pública y a los Poderes del Estado.

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