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De nuestro corresponsal en Cartagena Juan Sánchez.
Miércoles, 7 de febrero de 2018
de nuestro corresponsal Juan Sánchez

El PSOE de Cartagena está amparando un acto ilegal con el agua, y lo sabe

[Img #15579]Asepucar denuncia que el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, del 12 de Noviembre de 2003, por el que se aprobó la Prórroga del Contrato no solamente es ilegal y Nulo de Pleno Derecho, sino también, posiblemente, delictivo y en ello está el Juzgado 1 de Lugo, con la valiente juez Pilar de Lara, que ya ha imputado a la ex alcaldesa Barreiro que presidió aquel Pleno y a otros 5 concejales del PP y a un funcionario por sus viajeras relaciones con HIDROGEA.

 

Todos sabemos que aquel acuerdo es inexistente por su manifiesta ilegalidad y que posiblemente la jueza Pilar de Lara no tarde mucho en descubrir nuevas pruebas de las presuntas prácticas criminales utilizadas para conseguir la Prórroga del Contrato. Hasta ahora sólo hay 6 imputados del PP y habrá más si el PSOE insiste en hacerse el despistado y hacer caso a los jefes de servicios de Barreiro que pergeñaron aquel acuerdo.

 

ASEPUCAR invita a que hablen los concejales valientes del PP, PSOE, MC y de IU de entonces, si es que queda alguno valiente y que confiesen para redimirse por qué votaron a favor, que nos digan qué y cuántos favores recibieron.

 

En concreto, el entonces concejal y hoy asesor y director de gabinete de Alcaldía, Juan Luis Martínez tiene que contar a Cartagena el contenido de la tensa discusión que tuvo en el desaparecido Bar Ensanche con el entonces Virrey (Secretario General socialista) Pepe Mata, ¿Sobre qué acusaba Juan Luís a Mata?. Tendrá que explicar por qué se salió del Pleno para no votar la prórroga, por qué no se quedó para votar en contra. Todos los demás, 24 corporativos del PP, PSOE, MC y IU votaron a favor de HIDROGEA y en contra del pueblo de Cartagena, un acuerdo que ellos sabían que era ilegal y por el que podrían haber cometido un delito de prevaricación. Algunos se escudan en que el informe del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, aun siendo preceptivo, no era vinculante y que el Pleno era soberano para tomar la decisión que quisiera. ¡¡Exactamente lo mismo que dijo Carme Forcadell para justificar por qué había hecho caso omiso a los informes de los letrados del Parlament!! Para ella, un informe preceptivo no vinculante no podía impedirle hacer lo que quisiera… Sin embargo, este argumento no le valió al Juez, que la envió a prisión inmediatamente y le imputó graves delitos.

 

Ahora, de lo que se trata es de anular aquella prórroga y deshacernos de HIDROGEA, para que el Ayuntamiento de Cartagena retome el timón de la gestión del agua a favor de los cartageneros, poniendo fin al saqueo de estos 25 años por parte de AQUAGEST, hoy HIDROGEA.

 

ASEPUCAR ha encontrado la solución jurídica sencilla para no entrar en largos y farragosos procedimientos judiciales y está en manos de los corporativos que en el próximo Pleno pueden y deben resolver con su voto la aceptación del Recurso de Reposición Colectivo que pusieron 34 usuarios contra la modificación del contrato, declarando así la nulidad de la Prórroga poniendo fin a 25 años de descontrol.

 

Los que no voten a favor de la nulidad serán denunciados al Juzgado numero uno de Lugo.

 

Contesten el Recurso de Reposición y pongan fin a la Prórroga Ilegal.

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– Cronología de los hechos: ASEPUCAR –

 

“Historia del único recurso contra la prórroga ilegal de Hidrogea”

 

En diciembre de 2003, 34 ciudadanos de Cartagena que seguíamos la política municipal de cerca coincidimos en manifestarnos escandalizados por la prórroga del contrato del Agua potable, cuyo primer texto se había firmado tan solo unos pocos años antes.

 

Éramos personas de muy distintas procedencias pero, sin duda, el que más antecedentes tenía de lo que estaba sucediendo era, entonces como ahora, Marcelo Correa Pérez-Cortés, que había colaborado también con la concejala María Pallarés que, a su vez, era de los pocos miembros de la corporación municipal que había intentado combatir el entreguismo del Ayuntamiento a esa especie de nuevo ”Mister Marshall” en que se había convertido la empresa adjudicataria en toda España.

 

La denuncia de Enero de 1995 de la Sra Pallarés se rechazó con el pretexto de desplazarla a una comisión de investigación que iba a investigarla y que no se reunió nunca en los 8 años siguientes, excepto para aprobar la prórroga ilegal de 2003.

 

Había otras irregularidades en el servicio del agua potable de Cartagena pero las circunstancias que rodearon la innecesaria e ilegal prórroga eran tan groseras que hacia sospechar que algo más grave estaba ocurriendo. En primer lugar, la vigencia pendiente del contrato existente: cuando se planteó la prórroga quedaban, nada más y nada menos, que catorce años de vida hasta el vencimiento del primer contrato. En segundo lugar, el procedimiento mercantil utilizado y paradójicamente no reclamado por las empresas del ramo que podían haber ejercitado su derecho a concursar: es decir, la falta de concurso público. En tercer lugar, el zafio comportamiento de la corporación municipal que hacia dejación de su obligación de defender los intereses de los cartageneros dejando de buscar la concurrencia de otras empresas que habrían podido ofrecer mayores beneficios a los usuarios que, al fin y al cabo, íbamos a pagar el servicio.

 

Pero sobre todo lo que más luz arrojaba sobre lo que estaba pasando eran los informes contrarios a la operación del Consejo jurídico de la Región de Murcia, que era, y es, un organismo técnico por encima de toda sospecha, dependiente de un poder político detentado en aquel momento por personas del mismo signo que el gobierno municipal de Cartagena. Informes que fueron incomprensiblemente ignorados por los técnicos y políticos municipales del gobierno municipal de Cartagena y de parte de la oposición.

 

Como se está comprobando en estos días gracias a las investigaciones del caso Pokemon en Acuagest de Lugo, no fueron precisamente criterios “técnicos” los que favorecieron la prórroga ilegal del contrato del Agua de Cartagena .

 

A finales de diciembre de 2003 solicitamos certificación del acuerdo y copia del expediente que nos fue facilitado por la secretaria municipal y finalmente presentamos nuestro escrito en el que alegamos tres cuestiones fundamentales: ausencia de publicación del acuerdo de modificación del contrato; nulidad de pleno derecho y falta de justificación del interés público. Tres cuestiones que siguen estando de plena actualidad a día de hoy.

 

Medio centenar de personas manifestó mediante firmas su apoyo al recurso de reposición de 2003 que al final firmamos solo treinta y cuatro porque lo hicimos ante notario para legalizar las firmas y no todo el mundo llegó a tiempo. Las hojas de firmas estuvieron en varios establecimientos públicos y en el Instituto Ben Arabi.

 

Como ya es sabido el Ayuntamiento nunca contestó a nuestro escrito y nosotros no seguimos con el procedimiento contencioso administrativo porque no teníamos siquiera el amparo de una asociación y porque carecíamos de fuerza legal y económica suficiente para hacer frente a enemigos tan poderosos durante un largo periodo de tiempo.

 

Algunos de los firmantes sufrimos represalias “oficiosas” de parte de la administración municipal por haber sido “díscolos”: activación de expedientes sancionadores de tráfico y urbanísticos, amonestaciones en empresas, extensión de rumores, marginación administrativa en otros procesos etc.

 

A pesar de todo, algunos de nosotros, persistimos en la lucha y fundamos ASEPUCAR para seguir la evolución de los acontecimientos a partir de 2004. Unos acontecimientos que, por cierto, han reforzado nuestra convicción de que aquel “apaño” de contrato se hizo además a costa de todos los cartageneros que somos los que hemos pagado con una subida del precio del agua de más del 400% la avaricia de una empresa y la torpeza negligente de unos políticos que no sólo renovaron el contrato de forma ilegal sino que además, a lo largo de los años, han permitido el descontrol y el lucro excesivo de la empresa, no ejercitando su obligación de controlarla y dejándola a su completo albedrío. La comisión de control se ha reunido unas pocas veces en los últimos veinte años.

 

Por todo ello y dado que uno de nuestros argumentos era precisamente la presumible nulidad de pleno derecho del acto administrativo impugnado, que no permite que prescriba, hemos instado recientemente la respuesta del Ayuntamiento de Cartagena.

 

En nombre de los firmantes:

 

Juan-Miguel Margalef; Marcelo Correa Pérez Cortes y Martín Rodríguez

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