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Fuente: eldiario.es
Viernes, 25 de mayo de 2018
"no tenía en cuenta que su ámbito de actuación estaba dentro del entorno del Monasterio de los Jerónimos"

El Gobierno de Murcia benefició a la Universidad Católica ocultando dos informes negativos de Cultura en 2009

[Img #16212]Dos informes contrarios a la aprobación del Plan Especial de la ampliación del Campus de Los Jerónimos habrían sido redactados por los servicios técnicos de la Dirección General de Bienes Culturales en enero de 2009 , antes de la aprobación definitiva del Plan que permitía a la UCAM comenzar a edificar.

 

En uno de estos documentos se habría hecho constar la necesidad de adaptar el proyecto presentado a los parámetros delimitados por la Ley de Patrimonio de la Región de Murcia 4/2007, al precisar autorización para construir dentro del entorno de un Bien de Interés Cultural (BIC), es decir, el Monasterio de los Jerónimos. Pese a los dos informes contrarios, el plan se aprobó, como consta en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), el 1 de agosto de 2009.

 

Esta información, a la que eldiario.es ha tenido acceso, se encuentra en el escrito que ha presentado la defensa de los querellados por prevaricación, interpuesta por la Fundación Universitaria San Antonio en julio de 2017 contra la exdirectora general de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, María Comas Gabarrón, así como al jefe del Servicio de Patrimonio Histórico, Miguel S.N.T., y a otros cuatro técnicos de ese departamento.

 

La presentación de estos dos informes negativos con respecto a la edificación contradice unos de los argumentos principales de la Fundación San Antonio, al asegurar en la querella, que la Dirección General no se había pronunciado antes de la aprobación definitiva del Plan Especial, a mediados de 2009.

 

"Desde luego, los querellados en esa fecha no estaban, pues María Comas Gabarrón fue nombrada directora general de Bienes Culturales en julio de 2015", se describe en el escrito de la defensa. Lo mismo sucede con los cinco técnicos contra los que se ha litigado la UCAM, que entraron en sus puestos entre 2012 y 2015.

 

Fuentes cercanas al caso han confirmado que los documentos emitidos en 2009 no se tramitaron. Es decir que, si bien el Ayuntamiento de Murcia tenía por obligación solicitar a la Dirección General de Bienes Culturales informes relativos al Plan Especial, al ser desfavorables se habría optado "a caso hecho" no tramitarlos para, de esta forma, no hacerlos públicos. Si bien su condición no era vinculante, se habría publicitado la delimitación según la Ley de Patrimonio. Al no tramitarse estos informes, el Plan se aprobó por 'silencio administrativo positivo'*.

 

El 20 de noviembre de 2008, el exteniente de Alcalde de Ordenación Territorial y Urbanismo, Fernando Berberena Loperena, presente actualmente en varios casos de presunta corrupción urbanística, aprobó inicialmente el Plan Especial de Ordenación del Campus de La Universidad Católica de Murcia, situado en el entorno del Monasterio de Los Jerónimos.Tras esta aprobación, el Consistorio debía hacer llegar el proyecto a la Dirección General de Cultura, para que lo evaluara.

 

Según el escrito de la defensa, un arquitecto del servicio de Patrimonio Histórico contestó el 23 de enero de 2009, que el Plan "no tenía en cuenta que su ámbito de actuación estaba dentro del entorno del Monasterio de los Jerónimos" que, al ser Bien de Interés Cultural debía ser considerado "un elemento configurador del entorno".

 

Asimismo, especificó la necesidad de una serie de modificaciones que se debían entregar: entre ellas, la reducción de alturas máximas en algunas zonas, hasta un máximo de 3 alturas (en la aprobación definitiva del Ayuntamiento figuran 5 alturas o 22 metros); y que, dada su condición de BIC cualquier proyecto que se desarrollara tenía que ser autorizado por la Dirección General de Bienes Culturales, en base a la Ley de Patrimonios de la Región de Murcia 4/2007.

 

Siempre según el escrito de la defensa, también contestó a la aprobación inicial del Plan de Berberena otro arqueólogo de Bienes Culturales, que emitió un informe en fecha  8 de enero de 2009 señalando que el Plan Especial "no incorporaba inventario de Patrimonio Cultural, ni evaluación de posibles impactos sobre el mismo". Además, entre los redactores del estudio no figuraba "ningún técnico competente" en la materia que permitiera asegurar que el proyecto no tendría“incidencia sobre el patrimonio cultural".

 

De esta forma, el arqueólogo establecía como necesario redactar un Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural coordinado por la Dirección General de Bienes Culturales, realizándose con antelación a la aprobación definitiva del proyecto.

 

El litigio, abierto en julio de 2017, acusa de prevaricación continuada a la exdirectora general de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, María Comas Gabarrón, así como al jefe del Servicio de Patrimonio Histórico, Miguel S.N.T., y a otros cuatro técnicos de ese departamento, por ‘obstaculizar’ su derecho a edificar en el entorno del Monasterio de Los Jerónimos, Bien de Interés Cultural. Asimismo, el denunciante fija en 15 millones de euros la posible responsabilidad civil.

 

La querella, interpuesta por la Fundación San Antonio, fue desestimada en enero de 2018. Pese a ello, el organismo presidido por José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, presentó un recurso de reforma, que finalmente fue también desestimado en abril del mismo año. Pero, una vez más, la Fundación ha insistido en su versión de los hechos, presentando una apelación a la resolución del juez, ante la Audiencia Provincial de Murcia.

 

Actualmente está en proceso de investigación la querella que el Fiscal admitió a trámite en 2016 por supuestas obras ilegales en la Universidad Católica San Antonio, que implica siete edificios en el Campus de Los Jerónimos. La denuncia iría dirigida contra los responsables de la Fundación San Antonio, el Centro de Estudios Universitarios San Antonio, el  propio José Luis Mendoza y un pariente suyo.

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