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José María Quevedo.
Miércoles, 22 de agosto de 2018
Los ayuntamientos devolverán la plusvalía pagada indebidamente desde el 15 de junio

Supremo: La plusvalía solo se pagará con ganancias y obliga al contribuyente a demostrar que vendió con pérdidas para evitar el impuesto

[Img #16526]Esperada sentencia del Tribunal Supremo sobre el pago de la plusvalía municipal. La sala de lo contencioso administrativo del Alto Tribunal confirma que el pago del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IITNU), más conocido como plusvalía municipal, se seguirá cobrando cuando se venda el inmueble con ganancias y determina, además, que debe ser el contribuyente el que demuestre que vendió su casa con pérdidas en caso de que el ayuntamiento le cobre el impuesto.

 

Nuevo paso del controvertido impuesto de la plusvalía municipal que desde la sentencia del Tribunal Constitucional, por la que se declararon inconstitucionales y nulos algunos artículos de la normativa que regula el impuesto de la plusvalía municipal, no ha traído la paz y seguridad jurídica esperada.

 

Todos estaban a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo para unificar las distintas doctrinas sostenidas por los juzgados y tribunales. Ahora la sala de lo contencioso administrativo del Alto Tribunal confirma algunos de los casos que estaban en discordia: solo se podrán anular las liquidaciones del impuesto que se hayan producido con pérdidas y debe ser el propio contribuyente el que debe demostrar que no hubo ganancia con la transacción del inmueble.

 

El Tribunal Supremo considera que se ha producido una inconstitucionalidad y nulidad parcial de los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales. El impuesto, por tanto, sólo sería inconstitucional en los casos en los que el contribuyente pruebe que ha transmitido el terreno en pérdidas.

 

“Dicha solución parece poco convincente. Algunos Juzgados y Tribunales habían considerado que, en caso de que se considerase que la norma sólo era inconstitucional en algunos supuestos sí, y en otros no, ni siquiera se podría decir que la norma está “expulsada” del ordenamiento jurídico, pues estaría expulsada intermitentemente y a ratos. Se estaría exactamente en la misma situación que rechazó el Constitucional, aplicando el criterio de cada Juzgado o Tribunal, más o menos voluntaristas, para determinar si hay o no incremento de valor. La norma debería tomarse por tanto, como provisionalmente válida, antes de aplicarla. Por tanto, la expulsión de los citados artículos del ordenamiento jurídico declarada en su día por el Constitucional no es tal. Dichos artículos se seguirán aplicando sin ningún problema en los casos de transmisiones sin pérdidas”, afirma José María Salcedo, abogado y socio del despacho Ático Jurídico.

 

Por otro lado, el Supremo considera que la inconstitucionalidad del artículo 110.4 sí es total. Este artículo impedía a los contribuyentes acreditar un resultado diferente al resultante de aplicar los coeficientes sobre el valor del terreno. Los contribuyentes por tanto, sí podrán acreditar que el valor del terreno no se ha incrementado, y en ese caso se librarán de pagar el impuesto. “El Supremo sigue la tesis del TSJ de Valencia. Al contribuyente se le exige tan sólo un principio de prueba (basta con la existencia de una pérdida derivada de escrituras). Y en ese caso es la Administración la que debe probar la existencia de incremento de valor del terreno”, concretan desde Ático Jurídico.

 

Los ayuntamientos devolverán la plusvalía pagada indebidamente desde el 15 de junio

 

Los ayuntamientos devolverán el impuesto de plusvalía de las viviendas vendidas por debajo del precio de compra con efecto retroactivo desde el 15 de junio de 2017. El Ministerio de Hacienda y Administración Pública ha pactado con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) una proposición de ley que debe resolver el galimatías legal al que se enfrentan los consistorios desde que el Tribunal Constitucional declaró que los contribuyentes no tienen que pagar el impuesto por la venta de sus propiedades si no han obtenido un beneficio económico con la operación. El acuerdo alcanzado se traducirá en una iniciativa legislativa que los grupos políticos llevarán al Congreso para que sea aprobada lo antes posible.

 

Para reclamar la devolución del impuesto pagado indebidamente los contribuyentes tendrán que acreditar el precio que abonaron por el inmueble al comprarlo y el valor de venta mediante la presentación de las escrituras.

 

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía, debía aportar en 2017 unos 59 millones de euros a las arcas de los ayuntamientos murcianos, según los cálculos del secretario de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, Manuel Pato. De esta cantidad, algo más de 20 millones corresponden al Ayuntamiento de Murcia, mientras que Cartagena situaba la recaudación del impuesto en algo más de cinco millones. El resto del dinero se reparte entre los 43 municipios restantes.

 

Sin embargo, un recurso contra una hacienda foral vasca llevó al Constitucional a resolver que cuando las fincas que han cambiado de propietario no han subido de precio o incluso han visto reducirse su valor como consecuencia de la crisis económica no deben pagar este tributo. Posteriormente se produjo otra resolución del Constitucional que hacía extensible la sentencia a todos los ayuntamientos españoles, teniendo en cuenta los efectos que el estallido de la burbuja inmobiliaria ha causado en los precios de los inmuebles.

 

El acercamiento entre el Departamento de Cristóbal Montoro y la FEMP, que preside el socialista Abel Caballero, permitirá poner fin al periodo de confusión en el que se han visto sumidos los consistorios y los propios contribuyentes desde que se dio a conocer la sentencia. La reforma legislativa establecerá que los propietarios que hayan vendido sus inmuebles por un precio inferior al de compra a partir del 15 de junio del pasado año, fecha de la publicación de la sentencia del Constitucional, podrán reclamar la devolución del impuesto, ya que, según el fallo y la nueva regulación del impuesto, no debieron haberlo pagado.

 

La Junta de Gobierno Extraordinaria de la Federación de Municipios estatal aprobó la reforma por unanimidad el pasado 9 de enero y pidió que «se modifique a la mayor brevedad el impuesto sobre plusvalías de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de junio».

 

Su pretensión es que «se regule con urgencia para despejar la inseguridad jurídica creada, en base a la propuesta elaborada por Hacienda de acuerdo con la Federación. Esa propuesta, a juicio de la Junta de Gobierno, debería entrar en vigor cuanto antes para dar garantías jurídicas, pero con posterioridad deberá ser ampliada y precisada en el marco de la nueva financiación local pendiente de ser negociada con el Ejecutivo».

 

La Federación de Municipios estatal también ha consensuado con el Ministerio de Hacienda «la creación de un fondo de compensación a través de una enmienda al texto propuesto por el Gobierno que contemple la merma que pueda ocasionar la aplicación de la referida sentencia del Tribunal Constitucional, toda vez que ésta incidía en que el legislador debe modificar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que se ha venido aplicando en base a la normativa declarada inconstitucional, algo de lo que ya advirtió la propia Federación».

 

En el acuerdo se añade que la FEMP acepta la modificación del impuesto recogida en «la propuesta elaborada por el Gobierno para dar cuanto antes seguridad jurídica a los ciudadanos y plantea que se articule un fondo específico de compensaciones. Entiende la Junta de Gobierno de la Federación que esta modificación es puntual toda vez que deberá regularse en profundidad en la nueva ley de financiación local», indica

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