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Fuente: laopiniondemurcia.es
Jueves, 20 de septiembre de 2018
los murcianos son más pobres

Murcia, la pobreza que no cesa

[Img #16658]Una mujer con edad de tener nietos mira ensimismada la bandeja de las empanadillas en una pastelería de Murcia una tarde de domingo. Mientras espera su turno, pregunta el precio a la dependienta sin intención de comprar y comenta para sus adentros lo caras que son: «Con lo que cuesta la luz, ya no se puede encender el horno», aclara. Esta es una muestra de que nada ha vuelto a ser igual después de la crisis económica, aunque oficialmente se haya dado por acabada. A pesar de los datos estadísticos que confirman la recuperación, los bolsillos de los murcianos siguen sin alcanzar el poder adquisitivo que tenían hace una década, mientras que los precios de los productos y los servicios básicos mantienen una escalada imparable. Solo en los últimos dos años los asalariados de la Región han visto reducirse su capacidad de compra en 843 euros, según un estudio de Adecco. Además, las economías domésticas se ven amenazadas en este momento por nuevas subidas de la luz y del diésel en una región que paga el agua más cara de toda España. A la vuelta de la esquina se encuentra también la subida del IBI en los municipios en los que ya se ha producido la revisión catastral.

 

El resultado es que los murcianos son más pobres y tienen más dificultades para llenar la despensa. Lo explicaba gráficamente una joven en la cola de un supermercado, al contar que ha dejado de llevar a sus hijos a la compra para evitar que los antojos de los niños agoten su presupuesto antes de comprar las cosas imprescindibles.

 

Por eso, las noticias económicas se han convertido en un continuo sobresalto. La factura de la luz para un usuario medio ha subido cerca del 11% en agosto respecto al mismo mes de 2017 y un 2,6 % en relación a julio, con lo que suma su cuarto incremento mensual consecutivo y alcanza su nivel más alto del año, 61,83 euros frente a los 55,74 euros que alcanzó en agosto del año pasado, según datos obtenidos en el simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

 

Lejos de ofrecer unas perspectivas de futuro tranquilizadoras, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que la semana próxima comparecerá en el Congreso para aclarar los motivos de la subida del recibo que pagan las familias, augura que los precios de la electricidad seguirán subiendo. Su explicación es que los incrementos de los últimos meses son el resultado de la confluencia de varios factores, entre los que destacan el aumento de los costes de los combustibles y los derechos de emisión de CO2 en los mercados internacionales, una reducción de la participación de la energía eólica, una producción nuclear inferior a la habitual debido a operaciones de mantenimiento, mientras que la ola de calor incrementaba la demanda y hacía subir los precios en el mercado continuo, que después se trasladan a las tarifas. La paradoja es que, mientras las penalizaciones por la emisión de CO2 aumentan los costes de la energía eléctrica, España mantiene las limitaciones a la generación fotovoltaica, que permitiría aprovechar el sol sin contaminar.

 

Por otra parte, el Ministerio ha anunciado que antes de final de año derogará el impuesto al sol para fomentar el autoconsumo, pero tendrá que pasar un tiempo antes de que la producción fotovoltaica llegue a abaratar el recibo.

 

Mientras tanto, las economías familiares afrontan el encarecimiento en el precio del diésel que originará la subida de impuestos anunciada por el Gobierno para reducir el consumo de este combustible con el fin de amortiguar la contaminación y los problemas que generan las emisiones. El Gobierno estudia una revisión de los impuestos que gravan el diésel que puede provocar un aumento en el precio de este carburante de entre 9,5 y 14,3 céntimos por litro, lo que supondría un encarecimiento del 11,7% para los 468.546 vehículos de la Región que utilizan este combustible.

 

En las economías murcianas pesa también el elevado precio del agua potable, cuyo precio es uno de los más elevados de España, debido al encarecimiento que se ha producido a medida que aumentaba la necesidad de recurrir a la desalación. Los ayuntamientos tratan de contener la presión de las compañías que gestionan el abastecimiento y ponen en marcha bonos sociales para abaratar el recibo a las familias con menos recursos, pero según los estudios de Facua la factura mensual supera los 28 euros y se sitúa 20 euros por encima de la cantidad que paga, por ejemplo, un vecino de Oviedo.

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