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Redacción
Miércoles, 26 de septiembre de 2018
21 casos

Podemos insiste en cese del director de Salud Pública ante episodio de sarna en prisión de Campos del Río

[Img #16697]Los diputados regionales de Podemos María Giménez y Andrés han exigido nuevamente el cese del director general de Salud Pública y la comparecencia del consejero de Salud, Manuel Villegas, en la Asamblea Regional "para rendir cuentas ante la negligencia en el protocolo de salud pública tras los 21 casos de afectados por sarna en el centro penitenciario de Campos del Río".
 
Podemos pide, además, al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Diego Conesa, que "subsane de inmediato la falta de personal especializado y de recursos suficientes en los centros penitenciarios de la Región". El diputado Andrés Pedreño se ha preguntado por los motivos por los cuales los protocolos de prevención de salud pública han fallado, "si bien es cierto que las competencias de atención primaria y especializada son competencias de instituciones penitenciarias, los protocolos de salud pública ante una enfermedad infecciosa como la sarna son competencia de la Comunidad Autónoma", por lo que ha afirmado "ha habido una enorme negligencia en la Conserjería de Sanidad, que no ha establecido protocolos claros y resolutivos ante esta situación".
 
A su juicio, esta situación que se vive en el centro penitenciario de Campos del Río responde a una "cadena de negligencias que se suceden en el tiempo" donde "no existen los trabajadores específicos en el trabajo de lavandería, no se han suministrado la medicación adecuada a internos y trabajadores para evitar el contagio de sarna, y además sólo existe un farmacéutico para los centros penitenciarios de la Región".
 
Así, el diputado regional ha informado que Podemos ha pedido el cese del director general de Salud Pública, la comparecencia del consejero de Salud, "para que rinda cuentas y explique por qué el derecho a la salud y a una asistencia adecuada no se está dando en los centros penitenciarios de la Región". También pide a la Delegación de Gobierno que tome cartas en el asunto y dote con recursos suficientes a los centros penitenciaros de la Región "donde el derecho a la salud pública tiene que estar vigente como en cualquier otro lugar".
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