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Juan Mariano Pérez Abad.
Sábado, 13 de octubre de 2018
Los nuevos niños robados

Niños tutelados: Delito de Estado

[Img #16780]Desde esta Redacción no nos hemos cansado de denunciar públicamente los abusos que cometen la Administración y la Justicia en los asuntos concernientes a Protección de Menores, especialmente en el tema de las tutelas de los niños declarados en desamparo y la retirada de su tutela a sus familias biológicas.

 

Hemos puesto de manifiesto cómo, con demasiada frecuencia, técnicos y psicólogos de los Equipos Psicosociales tergiversan la realidad de las situaciones familiares en los informes que elaboran, estableciendo acusaciones contradictorias y sin base probatoria alguna para poder justificar las Resoluciones de Desamparo. Para el profano en esta materia, es importante recordar que, por muy “anticonstitucional” que nos pueda parecer a simple vista, no es la sentencia de un juez, sino la resolución administrativa de un funcionario, la que determina en primera instancia que estos niños sean arrebatados a sus padres. Incluso cuando se demuestra claramente la falsedad de esos informes, los padres tienen muy difícil conseguir que la Administración se lo reconozca y les devuelva a sus hijos. Si lo consiguen, siempre se excusa al funcionario como víctima de “error humano” y no se les aplica ninguna sanción disciplinaria, a pesar de la extraordinaria gravedad de sus consecuencias.

 

También hemos dejado bien patente cómo muchos Juzgados de Familia, incumpliendo su deber, no entran a valorar pruebas, sino que dan por válidos aquellos Informes Psicosociales sin contrastarlos e inadmiten todos los que puedan aportar los progenitores, alegando que “son de parte”, como si los Psicosociales no fueran “la otra parte” de litigio que se juzga. En caso de “error”, tampoco hay sanción alguna contra los jueces, pues se establece un “peloteo” de responsabilidades con los Psicosociales que hace que la culpa siempre se quede en tierra de nadie.

 

¿Pero, qué sucede cuando no se trata de que los informes contengan “errores”, sino de que vulneran abiertamente las leyes vigentes? La mayoría de los Equipos Psicosociales que los elaboran no dependen directamente del Estado, sino de las entidades concertadas que gestionan el cuidado de estos menores, a las que se destinan grandes partidas económicas. A menudo, es posible establecer una relación cercana entre estas entidades y los funcionarios encargados de su supervisión y control. Esas infracciones de la Ley (DELITOS que vulneran derechos fundamentales de las familias que rompen) nos permiten afirmar que, infiltrada dentro del Sistema de Protección de Menores del Estado y de las entidades con las que concierta su atención, existe una ORGANIZACIÓN CRIMINAL DEDICADA AL DELITO DE SECUESTRO DE MENORES A GRAN ESCALA.

 

Las situaciones en las que se producen con más frecuencia este tipo de delitos son las que sufren las familias que se encuentran en situación de pobreza y acuden a los Servicios Sociales en busca de ayuda para poder atender correctamente a sus hijos menores.

 

Sin embargo, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, en su artículo 17 de, dice textualmente: “La concurrencia de circunstancias o carencias materiales se considerará indicador de riesgo, pero nunca podrá desembocar en la separación del entorno familiar.”. Y en el punto 2 del artículo 18 se lee: “La situación de pobreza de los progenitores, tutores o guardadores no podrá ser tenida en cuenta para la valoración de la situación de desamparo. Asimismo, en ningún caso se separará a un menor de sus progenitores en razón de una discapacidad del menor, de ambos progenitores o de uno de ellos.”

 

Aunque los Cargos Públicos responsables de Menores tienen la obligación de conocer esta Ley y de supervisar los informes de los Equipos Psicosociales, los padres que reclaman por el “secuestro” de sus hijos ven sistemáticamente rechazada sus reclamaciones. Aunque disponen de la capacidad de apelar en varias instancias oficiales, la dilatación en el tiempo de las revisiones administrativas y los señalamientos judiciales se alargan tanto que, para cuando se les agotan las vías de reclamación, sus hijos ya no los recuerdan.

 

Incluso en Instituciones de rango superior, como las Audiencias Provinciales, es frecuente leer sentencias en las que se ratifica declaraciones de desamparo basadas en informes psicosociales motivados explícitamente en la pobreza de los progenitores.

 

En esta redacción, con este cumplimos ya los 50 artículos periodísticos publicados sobre el problema de los tutelados. Gracias a nuestro rigor en su documentación, hemos conseguido hacer frente a censuras y amenazas, así como que se archivase la denuncia que nos presentó la Fiscalía de Menores de Cádiz. En ellos se reflejan muchos casos reales en los que se refleja esa transgresión de la Ley por parte de los Poderes Públicos. Pero no está de más exponer otro más para reforzar la veracidad de este delito institucional.

 

Y un caso típico es el de Pilar Castillo Escobar, vecina de Palma de Mallorca, que tenía dos niños que le fueron arrebatados por l´Institut de Serveis Socials (IMAS) en abril del año 2005. En una comparecencia fechada el 20 de mayo de 2005, se le entrega un documento en el que se lee textualmente: “…Que en el Servicio de Protección de Menores se han valoraron los siguientes indicadores de riesgo para los menores: - Falta de ingresos económicos. En estos momentos la Sra. Castillo no cuenta con ingresos económicos propios.…”. Esta infracción de la legislación es cotidiana, consentida y nunca sancionada, en los Servicios Sociales de todo el País.

 

El señalamiento ante el Juzgado de 1ª Instancia Nº 12 de Palma de Mallorca no se hizo esperar mucho, pues su sentencia está fechada el 20 de septiembre de 2005. Pilar reclamaba en solitario, sin el apoyo del padre de los niños. Como es constante en estos casos, la resolución le fue desfavorable. En ella, se lee también de forma textual: “…a la vista de la situación personal y económica en que actualmente se hallan los padres biológicos…”. Pero si continuamos leyendo, dice: “…(el padre en prisión y la madre con problemas psiquiátricos)…”. Aunque esos “problemas psiquiátricos” nunca fueron demostrados, cuando fueron tenidos en cuenta debieron ser considerados como una “discapacidad de uno de los progenitores” que, tal y como se refleja en la Ley, debió ser un impedimento para que le quitasen a sus hijos, en vez de un motivo. Por lo tanto, en este caso la vulneración de la Ley aún parece más grave, porque sería por un doble motivo.

 

Inevitablemente y al igual que todos los progenitores en su misma situación, la vida de Pilar quedó atrapada desde entonces en una interminable batalla para recuperar a sus hijos. Todo el tiempo y los recursos derrochados solo le han servido para escuchar de todas las instancias posibles mil respuestas negativas, generalmente contrarias a la Ley, que sería imposible comentar pormenorizadamente.

 

Sin embargo, merece la pena hacer referencia a la sentencia por la que, más de diez años después (3-11-2015) la Sección IV de la Audiencia Provincial de les Illes Balears desestimó el recurso de apelación de Pilar contra la adopción definitiva de sus hijos por otros padres. En el documento hay una frase que nos deja perplejos: “…debemos reiterar ahora la necesidad de mostrar coherencia con el sentido de los diversos pronunciamientos judiciales adoptados, todos ellos respaldados en los hechos contenidos en el expediente administrativo …”. Afirmaciones como esa consagran el corporativismo y sentencian sin entrar a valorar el caso, justificándose en “la necesidad de mostrar coherencia” con otros jueces y técnicos. Estas actitudes son contrarias a la esencia misma de la Justicia y nos hace plantearnos serias dudas sobre si el informe de aquel trabajador de los Equipos Psicosociales en el que se basó la resolución administrativa que permitió que le quitaran los hijos, ha sido contrastado en algún momento por alguna instancia superior.

 

Pero el problema aún va más allá. Al igual que en el resto del País, en la Comunidad Autónoma Balear existen varias asociaciones de padres biológicos, así como otras formadas por los padres de acogida (los que se ofrecen al IMAS para cuidar niños tutelados) que también denuncian irregularidades en los “manejos de los Servicios Sociales. Entre todos, llegaron a hacer llegar sus protestas hasta el Parlamento Balear de la mano de una parlamentaria sensibilizada que propuso crear una comisión para investigar el asunto. Resultó descorazonador que se rechazara la propuesta por amplia mayoría, bajo el pretexto de evitar ofender a sus trabajadores sociales poniendo en duda su trabajo.

 

Cuando una cámara parlamentaria, nacional o autonómica, adopta la postura extremista de sobrepasar la frontera del corporativismo para encubrir y hacerse cómplice de un posible delito, se rompe el Estado de Derecho y se establece la Dictadura. Automáticamente, cualquier acto de rebelión queda moralmente legitimado.

 

Son muchos los padres de nuestro País que han perdido injustamente a sus hijos a manos de los Servicios Sociales. Aún es mayor el número si les sumamos los que han caído a manos de pederastas en casos como los de Bar España, Alcáser, Arnie, Kote Cabezudo y tantos otros que han sido encubiertos por la Instituciones del Estado. Ahora tendremos que sumarles a las víctimas de la “Prescripción” del Robo “Clásico” de Niños por médicos y monjas en las clínicas de maternidad.

 

Se trata de injusticias que afectan al substrato más profundo del Ser Humano, de dramas que rompen la vida de las víctimas. Sin embargo, los que intentamos dar a conocer su sufrimiento a la opinión pública vemos mermada nuestra credibilidad por la aparente pasividad que demuestran en su lucha colectiva. La mayoría de ellos se limitan a reclamar individualmente por sus vías administrativas y judiciales, año tras año, para terminar arruinados y abandonados a la depresión cuando se les agotan.

 

Aunque cada vez parece oírseles con más fuerza, solo de vez en cuando unos pocos se atreven a intentar “asomar el morro” con decisión. Ahora le ha tocado el turno a Cristina y Paco (foto de portada) que llevan más de un mes concentrándose y manifestándose con pancartas en Alicante para que les devuelvan a sus hijos, pero, como en otras ocasiones, no se les suman otros afectados para “liarla bien gorda” entre todos. Al público no le parece lógico no verles armando bronca en las calles, manifestándose continuamente todos juntos, o que ninguno de ellos pierda la calma por la crueldad del daño recibido y emprenda alguna acción desesperada y hasta violenta.

 

 En este, como en tantos otros temas en los que nuestra Sociedad parece dormida ante esta corrupción descarada y masiva, todos nos preguntamos si somos víctimas de alguna droga televisiva, de algún virus mental diseñado por la Ingeniería Social o si la vida acomodada nos ha convertido en unos cobardes, incapaces de defender ni a nuestro Estado de Derecho ni a nuestros propios hijos.

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