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Redacción
Domingo, 18 de noviembre de 2018
vigilados por guardia civil y policia nacional

Agraavio a los funcionarios de prisiones

[Img #16887]Sigue la huelga total en los centros penitenciarios de España, prisiones que albergan unos 34.280 reclusos controlados por funcionarios totalmente desarmados y escasa potencia humana para reprimir un motín de cierta o menor gravedad que siempre requiere la intervención urgente de la policía o la guardia civil cuyos centros operativos de intervención rápida están alejados de donde se pueden producir disturbios de mayor o menor gravedad y peligrosidad.
 
Las imágenes que hemos captado en los centros de la región son de genero kafkiano. Policías y guardias civiles controlando con dureza a sus compañeros y amigos del mismo ministerio del Interior que gobierna el incompetente Marlaska que se niega a resolver una situación conflictiva, como equiparar los sueldos de estos funcionarios con los de los Cataluña y País Vasco.
 
Ante esta crisis que afecta a la seguridad de las cárceles españolas se ha organizado una plataforma de funcionarios de prisiones que pudiese terminar fusionada con la de la Guardia Civil y la Policía ante la inoperancia de unos sindicatos que no han resultado ser eficaces.
 
Finalmente, segun ha sabido VMPRESS, el ministerio contempla la posibilidad de que los funcionarios sean afectados a ser trasladados forzosamente de sus lugares de servicio, incluso los que lleven años en sus puestos de trabajo, una medida considerada por los funcionarios como error grave y una lesión humanitaria a sus asuntos familiares que nunca ha sido conocida.
 
El clima de tensión en el importante Eje Ejecutivo de los ministerios de Interior y Justicia  aumentará mañana lunes con la prevista huelga de fiscales y jueces  que se unen a la de los funcionarios de Justicia que seguramente bloquearán los Tribunales de Justicia, en una acción conjunta, cuando la imagen de sus funcionarios no va mejorando debido a los errores del Gobierno socialista politizando con el PP los cambios en el Consejo General de Justicia, que en su día propuso Pablo Iglesias en sus conversaciones negociadas con Pedro Sánchez. Esta huelgas de funcionarios es una de las más graves que se han dado en los últimos años en las administraciones del Estado, que en las delegaciones del Gobierno se trata de ocultar  dando cifras manipuladas de los participantes en los paros, especialmente en Instituciones Penitenciarias donde se sigue con el sistema de contratación de empleados privados sin formación necesaria.
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