Aviso sobre el Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del lector y ofrecer contenidos de interés. Si continúa navegando entendemos que usted acepta nuestra política de cookies. Ver nuestra Política de Privacidad y Cookies
Redacción
Lunes, 7 de enero de 2019
corrupción

La acusación popular propone someter a Valcárcel a un detector de mentiras por el 'caso Desaladora'

[Img #17042]La acusación popular de la causa por la que se investiga la construcción y explotación de la Desaladora de Escombreras ha solicitado al Juzgado de Instrucción nº 5 de Murcia que sean interrogados como testigos el expresidente de la Comunidad Autónoma de Murcia Ramón Luis Valcárcel Siso y el presidente de la empresa constructora ACS, Florentino Pérez. 

 

La acusación popular, formada por la asociación Contrapoder, el abogado Diego de Ramón, y la asociación ecologista Anse, también ha solicitado que ambos sean sometidos durante su comparecencia a un detector de mentiras, utilizando la técnica de la 'termografía'. Se trata de una técnica procesal forense (ya que afecta al cerebro) que es aceptada como prueba pericial judicial, al contrario que el polígrafo.

En el caso de Pérez, se le considera «el autor primero y último a través de las participaciones empresariales del grupo de empresas que se tramó, para acceder en fase de monopolio al negocio de la construcción y explotación» de la planta.

Por lo que respecta a Valcárcel, la acusación ve en él al responsable último de los delitos que se investigan, por haber sido entonces el presidente del Consejo de Gobierno que autorizó la constitución del Ente Público del Agua (EPA), del que dependía la desaladora.

En un momento del escrito la acusación indica que el expresidente «tiene responsabilidad directa por 'culpa in vigilando', como cabeza responsable en la trama piramidal» y «no podía estar ajeno a esta macrodeuda regional y de desarrollo».

Asimismo, la acusación propone a la jueza, María del Mar Azuar, que se aparte y excluya a la Comunidad Autónoma como parte perjudicada, «ya que de las actuaciones judiciales penales, abiertas en fase de instrucción, y sobre todo en los informes de la Udef y de la Fiscalía adscrita a esta causa, puede interpretarse y confundirse totalmente con las propias actuaciones presuntamente delictivas de los funcionarios y políticos responsables de la Administración autonómica».

También solicita que se investigue la cesión de terrenos que hizo la Comunidad Autónoma para construir la desaladora a empresas privadas. Y si el cambio de ubicación fue realizado «arrastrando la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), del primer lugar al segundo, o si se hizo un nuevo informe».
¡Deje su comentario!
Normas de Participación
Esta es la opinión de los lectores, no la nuestra.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
VegaMediaPress • Términos de usoPolítica de PrivacidadMapa del sitio
© 2019 • Todos los derechos reservados
Powered by FolioePress