[Img #17157]El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado, probablemente los más polémicos, políticos e importantes de la historia reciente de España. En los mismos, el gobierno del PSOE quiere ofrecer un cambio en la orientación de la política económica, situando el peso de la consolidación fiscal en el incremento de los ingresos públicos, aumentando el gasto social y mejorando la inversión en aquellos factores que deben suponer una mejorar de nuestras condiciones de competitividad.

 

Ha presentado el gobierno las cuentas con un escenario político de alto voltaje: su socio principal, Podemos, no ha garantizado su apoyo, como tampoco lo ha hecho el PNV. Los partidos independentistas catalanes quieren someter la tramitación de los mismos a que se realices gestos hacia los presos o hacia el denominado “procés”, a sabiendas de que muchos de estos gestos no pueden ser asumidos por un gobierno constitucional.

 

Por su parte, los otros dos partidos llamados constitucionalistas, PP y Ciudadanos, están bloqueando todo lo posible la gestión de los mismos. Votaron en el congreso en contra de la reforma del la senda de estabilidad presupuestaria -una senda que ni ellos mismos cumplieron en sus tan celebrados presupuestos de 2018-, la bloquearon en el senado usando el poder de veto que el PP dio al mismo en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, un poder que no se corresponde con el papel que tiene el Senado en nuestro ordenamiento institucional, bloqueando de esta manera la capacidad de gobierno y congreso de los diputados de orientar la política fiscal. El resultado es que si bien el PSOE había propuesto inicialmente unos PGE con un objetivo de déficit de 1,8% del PIB, la anterior senda obligaba a presentarlos con un 1,3%. Una senda que no se cumplió en los presupuestos de 2018, pues tanto PP como Ciudadanos establecieron un objetivo del 2,2% a sabiendas de que el déficit sería, como finalmente ha sido, de un 2,7%, cifra que ya se conocía incluso antes de la moción de censura. En otras palabras: tanto PP como Ciudadanos falsearon la senda de corrección del déficit, aprobando unos números que sabían que sus presupuestos no iban a cumplir, y que ahora utilizan para dificultar la elaboración de los presupuestos de 2019.

 

 

Dos veces ha intentado el PSOE modificar dicha ley de estabilidad. La primera, a través de una enmienda en otra ley en trámite en el congreso -una mala práctica de la que se ha abusado en España durante años- y que fue rechazada en la mesa del congreso por la mayoría conservadora, tribuyéndose un poder constitucionalmente dudoso al evitar una discusión de la misma en el pleno. La segunda vez, a través de una proposición de ley con trámite de urgencia que fue rechazada de nuevo por la mayoría conservadora para alargar los plazos de discusión todo lo posible, y bloqueando de esta manera su tramitación. Así, una proposición de reforma que incluye un único artículo, fue presentada el 24 de agosto de 2018, pero todavía no se ha aprobado. El abuso de los plazos para bloquear la reforma es puro filibusterismo parlamentario: En 2016, el PP presentó una proposición de reforma, que fue registrada el 30 de septiembre y el 1 de noviembre ya estaba en vigor, a través de un trámite urgente y lectura única. Es decir, el PP tardó un mes en modificar la misma ley para la que ahora está “necesitando” más de cinco meses. El PP y Ciudadanos rechazaron tratar la reforma a partir de trámite urgente, y han acordado once -once, sí- ampliaciones del plazo para introducir enmiendas a un texto de un único artículo. El obstruccionismo es más que evidente: tanto el PP como Ciudadanos están retorciendo el uso de las instituciones para lograr sus propios objetivos, un ejemplo clarísimo de erosión de las instituciones que tanto manifiestan defender.

 

Así, el gobierno se ha visto obligado a presentar unos presupuestos con un objetivo de déficit que ni es realista, ni es bueno para la economía española, ni es una demanda de la Comisión Europea. Es un mero instrumento de bloqueo ideado por la oposición.

 

La respuesta ha estado a la altura de lo previsto: se han presentado las cuentas con el objetivo formal del 1,3% de déficit público para 2019, a sabiendas de que el día que acabe el bloqueo de Ciudadanos y PP a la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria, el objetivo se cambiará inmediatamente al 1,8%, que es el deseado por el gobierno y el que sería razonable dada la situación de la economía española. En otras palabras: los presupuestos están pensados para alcanzar un 1,8% de déficit público, aunque las cuentas presentadas cumplen formalmente con el objetivo del 1,3%.

 

¿Cómo se ha logrado esto? Sencillamente, incrementando las previsiones de los ingresos. La mayoría de los analistas coinciden en que los ingresos están inflados, y están en lo cierto. En el momento en el que se levante el veto del senado a la senda de estabilidad presupuestaria, la previsión de déficit volverá a ser del 1,8%, y, por lo tanto, volveremos a tener unos presupuestos realistas. Mientras el PP y Ciudadanos sigan utilizando las instituciones como trincheras de su obstruccionismo político, seguirá esta situación anómala en nuestras finanzas.

 

La alternativa a la aprobación de una nueva senda de déficit y a los nuevos presupuestos es la prórroga de los anteriores, que supondrían un déficit público del 2,4%, muy lejos de nuestros compromisos con Bruselas. Poco parece importar esto a la oposición, que sigue en aquella estrategia que definió Montoro en 2010: “qué se hunda España, que ya la levantaremos nosotros”. Esta es la triste historia de nuestra política económica, en un contexto de desaceleración y de incremento de los riesgos económicos globales. Una irresponsabilidad que pagaremos todos y todas.