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Redacción
Viernes, 1 de marzo de 2019
decanos de Murcia, Cartagena y Lorca muestran su disconformidad

El Ministerio de Justicia no paga los turnos de abogado de oficio en la Región de Murcia

[Img #17421]Los decanos de los colegios de abogados de la Región de Murcia, Francisco Martínez-Escribano (Murcia), Antonio Navarro (Cartagena) y Ángel García Aragón (Lorca) han mostrado su disconformidad con la decisión del ministerio anunciada hoy y van a impulsar un observatorio regional del turno de oficio

 

Miembros de las juntas de gobierno de los colegios de abogados de Cartagena, Lorca y Murcia se han reunido este jueves en Murcia para activar un plan de acción conjunto frente a los impagos continuados del turno de oficio por parte del Ministerio de Justicia y defender la dignificación del mismo.

 

Francisco Martínez-Escribano, Antonio Navarro y Ángel García Aragón han mostrado su disconformidad con el anuncio ministerial por el que se autoriza a continuar con la tramitación de la subvención del servicio del turno de oficio y asistencia jurídica gratuita correspondiente al ejercicio 2019 a través de un Real Decreto, toda vez que están también pendientes los meses de noviembre y diciembre de 2018, cuyos pagos no precisarían de este trámite.

 

Los tres colegios de abogados de la Región han aprobado la creación de un observatorio del turno de oficio que analice e informe de la situación del mismo periódicamente, con el objetivo de poder impulsar actuaciones en consecuencia.

 

Así mismo, se van a solicitar reuniones con todos los candidatos a las próximas elecciones para trasladarles la situación del servicio y que conozcan de primera mano su repercusión social e importancia.

 

Además, van a poner en marcha a una campaña de concienciación sobre la necesidad del turno de oficio y la imprescindible existencia del abogado como garante del Estado de derecho e instrumento para materializar la tutela judicial efectiva.

 

Los tres decanos han insistido en que sin los abogados que prestan el turno de oficio, los más desfavorecidos no tendrían derecho de defensa en aspectos tan sensibles como la violencia de género, entre otros.

 

Por último, han señalado que, en función de la respuesta de la administración, tomarán las medidas necesarias para conseguir el pago inmediato y continuar con la dignificación de la profesión.

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