[Img #17860]Después de los escasos 66 diputados conseguidos el 28A, en el Partido Popular ha habido una tensa calma en la que se han guardado los cuchillos y se ha aparentado unidad para intentar evitar un descalabro monumental en la triple cita del 26M, que el propio Pablo Casado describe como una "segunda vuelta".

 

A la espera de los movimientos políticos internos que puedan llevar a cabo los sectores críticos o los dos grandes barones de Galicia y Andalucia, las cuentas del partido ya se han llevado un durísimo golpe.

 

Desde que Aznar lo resucitase en los 90, el PP ha gozado de enorme poder, de una extensa implantación territorial, del gobierno de numerosas Comunidades Autónomas y de una parte importante de los diputados y senadores, llegando a contar con repetidas mayorías absolutas en ambas cámaras. Las subvenciones públicas que conllevaba ese poder, sumadas a las comisiones en agradecimiento por la concesión de obras públicas que se han confirmado en los juzgados, permitía a los populares sostener una infraestructura colosal que, ahora, se viene abajo.

 

A falta de confirmar el descenso de ingresos que suponen los cargos perdidos en ayuntamientos, parlamentos autonómicos y en la Eurocámara, el PP ya estudia todo tipo de fórmulas para recortar gastos, sabiendo que desde las elecciones al Congreso y al Senado cuentan con 3,05 millones de euros menos al año (254.393 euros menos cada mes). También tendrán que contar con las multas impuestas por los casos de corrupción, como los 245.000 euros por el caso Gürtel o el 1.025.000 euros que el juez José de la Mata les pedía por en el caso de la reforma de su sede.

 

Esto lleva a que a los populares no les baste con "apretarse el cinturón". Necesitarán recortar partes fundamentales de su estructura, por lo que muchas miradas se fijan ya en 'la joya de la corona'. Las siete plantas y los tres sótanos de aparcamiento de Génova 13 suponen más de 6.700 metros cuadrados en una de las zonas más caras de España. Hace 13 años los populares desembolsaron 37 millones de euros para hacerse con la propiedad del edificio, una jugosa cantidad en época de vacas flacas, que, sin embargo, puede suponer una estacada final para la moral de muchos afiliados.