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Juan Mariano Pérez Abad.
Lunes, 27 de mayo de 2019
juan mariano pérez abad

“Los de Arriba” a los Ojos de la Infancia

[Img #17866]No es el de la mujer, ni el de los transexuales, ni tampoco el de los inmigrantes. Sin duda, el colectivo más indefenso, vulnerable y sensible, pero a la vez más importante para el futuro y la supervivencia de una Sociedad, es el de la infancia. Su cuidado y educación supone un capítulo estratégico fundamental para la supervivencia de un Estado a lo largo del tiempo. Por eso, las perversiones que ha prodigado la Clase Política española en este asunto durante las últimas décadas podrían calificarse de ALTA TRAICIÓN.

 

                Si revisamos nuestra Historia reciente, entre los horrores de la Guerra Civil y sus consecuencias sobre los huérfanos e hijos de presos del bando perdedor, figura el que algunos sectores políticos dieron en llamar “los 30.000 NIÑOS ROBADOS POR EL FRANQUISMO”.

 

Superados los primeros años de “depuraciones” políticas, la protección al menor funcionó de una forma muy deficiente durante la Dictadura, porque se toleraban y encubría ROBOS DE NIÑOS y ABUSOS SEXUALES A MENORES. Médicos y monjas robaban bebés impunemente en las maternidades de los hospitales y se omitía sancionar a los familiares, maestros o curas que abusaban sexualmente de menores a su cargo ¡Pero aquello era una dictadura! ¿Qué cabía esperar? Sin embargo, en aquellos tiempos la natalidad andaba sobrada asegurando el futuro de la nación y la educación había ido mejorando hasta sacarnos del analfabetismo generalizado. Visto en su contexto global y salvando aquellos graves reproches morales, la infancia no presentaba un problema importante a nivel de Estado.

 

                En 1978 se instauró la Democracia y la Constitución, abriendo paso a los Derechos Humanos y los del Niño, así que todo hacía pensar que aquellos problemas tan graves serían combatidos de inmediato. Sin embargo, tanto los robos de niños en las maternidades como la tolerancia sobre los abusos sexuales,continuaron exactamente igual que estaban durante muchos años más (1).

 

Si se analiza el fenómeno de la sustracción de bebés en paritorios, que es conocido como el de LOS NIÑOS ROBADOS”, vemos que tuvieron que pasar más de 30 años de Democracia para que llegase el primer caso a los tribunales (2012 Sor María Florencia Gómez Valbuena) y de 40 para que se dictase la primera y única condena, resuelta con un vergonzoso indulto por prescripción de delitos (Oct. 2018, Dr. Eduardo Vela) Durante todos estos años se fueron sucediendo gobiernos presididos por UCD, PSOE y Populares que fueron nombrando sendos presidentes del CGPJ, Fiscales Generales del Estado y otros tantos de Menores, pero ninguno de ellos, ni siquiera el renombrado juez Garzón que tanto interés puso en declarar “Crimen contra la Humanidad” lo sucedido con los “30.000 Niños Robados por el Franquismo”, mostrasen el menor interés en acabar con una lacra por la que se estima que se produjeron más de 300.000 adopciones ilegales.

 

Pero el robo de bebés no pasaba desapercibido al conjunto de la Sociedad, sobre todo porque algunos de ellos, cuando se hacían adultos, descubrían “el pastel” y le pegaban tirones a “la manta”. En 1996 (1ª legislatura de Aznar) apareció la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y dio un vuelco radical al negocio de las adopciones ilegales, pues las reformas que daban derecho a los adoptados mayores de edad a ser informados sobre sus familias biológicas, habrían podido representar un grave obstáculo a largo plazo para este tipo de actividades.

 

Sin embargo,aquella Ley Orgánica,lejos de acabar con el fenómeno de substracción de menores a sus padres biológicos, lo hizo crecer desmesuradamente, pero de una forma legalizada, generando el que hoy es conocido como“el negocio de los TUTELADOS”. Justificado por la supuesta necesidad de mejorar la protección de los hijos de familias supuestamente “tóxicas” (drogadictos, maltratadores, abusadores…) se facilitaba a los funcionarios de los Servicios Sociales la facultad de quitarle la tutela de los hijos a cualquier familia mediante una simple resolución administrativa. Así se abrió paso a la etapa actual, en la que el Estado ha venido asumiendo la tutela de una cantidad masiva de menores. Eso volvió a abrir una nueva fuente de niños para el affaire de las adopciones, legal y mucho más numerosa.

 

Pero, además, gestionado de esta manera, los que no son destinados a adopción generan la necesidad de librar grandes partidas económicas para atender a su manutención, lo que fomentó una nueva fuente de negocio: El de las acogidas. Se creó la necesidad de crear una gran red de nuevos centros de acogida (antiguos orfanatos) muchos de ellos en manos privadas o de entidades religiosas y gestionados por ONGs. Para ellos, se han venido destinando unas cantidades desorbitadas de dinero público, que han venido oscilando alrededor de los 4.000 € al mes por cada niño en los últimos años.Si valoramos los resultados en cuanto a niveles académicos y de integración socio-laboral al llegar a la mayoría de edad (tanto en centros públicos como concertados) se ha tratado de un negocio enorme para algunos, pero un dinero público muy mal aprovechado para el objetivo deseado (proteger y educar) del que, curiosamente, el Estado no se ha molestado nunca en pedir cuentas.

 

                Por otro lado, el fenómeno de substracción de niños, fuesen robados o tutelados, siempre incidió mayoritariamente en los estratos más deprimidos y vulnerables de la Sociedad, que son a su vez los que mantienen las tasas reproductivas más altas. Pero en la época de los “Tutelados”ya nos encontrábamos en plena “Era del Bienestar” y el desplome de la natalidad(2) se había convertido ya en un problema de Estado.Aquel cambio de “robárselos” a “tutelárselos” representó un notable incremento en el número total de niños sustraídos a sus familias biológicas y, por tanto, del nivel de acoso a las “canteras” de natalidad. Al margen de cualquier otra consideración y valorándolo de una forma objetiva, se trata de una política demográfica que solo se puede calificar de AUTODESTRUCTIVA, pero que se ha mantenido en la misma línea y en progresivo aumento,a pesar de la alternancia en los Partidos al frente del Gobierno.

 

Pero lejos de corregir, la situación aún empeoró más en el año 2015 (año de la repetición de las Elecciones Generales con coalición PP- Cs y permiso del PSOE) cuando se produjo una reforma de la Ley de Protección del Menor que aún concedía más facilidades a los funcionarios de los Servicios Sociales para arrebatar tutelas. En estos momentos, hay más de 47.000 menores tutelados por el Estado Español (una cifra a todas luces exagerada) Los padres que consideran injusto que se los hayan arrancado de su lado se enfrentan a un muro legal casi inexpugnable y a la censura de los grandes medios de comunicación. Todos los responsables de los sucesivos Gobiernos que han ido pasando por Moncloa y de los Partidos con los que han formado coalición, así como todos los Fiscales Generales del Estado y de Menores, han tenido conocimiento de sus protestas, pero nunca han hecho nada para investigar las numerosas irregularidades que han sido puestas en evidencia durante todos estos años (3)Por el contrario, el actual Gobierno Socialista ha nombrado como Fiscal General del Estado a la Sra. Segarra, después de que fuera señalada como una pieza clave en el encubrimiento de este entramado en Andalucía durante años (4).

 

                El tema aún adquiere una apariencia aún más macabra si centramos nuestra atención en la evolución del papel de los Poderes del Estado ante la PEDERASTIA durante la Democracia, porque de simples encubridores pasaron a ser parte activa. Asomaron con fuerza en noviembre de 1992 en el pueblo alicantino de Alcacer, cuando 3 niñas de entre 14 y 15 años fueron salvajemente violadas y asesinadas. En sus cadáveres descuartizados habían aparecido pelos púbicos pertenecientes a varias personas diferentes y se filtraba que las pesquisas parecían empezar a señalar a las altas esferas del Poder Judicial del Levante. Pero “desde arriba”se forzó un final precipitado de la investigación, declarando como únicos culpables a dos delincuentes “de poca monta” que no eran los dueños de aquellos pelos.Luego se silenció “ a pescozones” a todo el que quiso seguir rascando en el tema, como le pasó a un famoso locutor de televisión llamado Pepe Navarro que, estando en “la cresta de la ola”, le hicieron desaparecer de un plumazo de todas las pantallas y medios de comunicación. Por entonces gobernaba Felipe González.

 

                En 1995 se destapó el caso Bar Arny de Sevilla, un prostíbulo infantil para homosexuales, nutrido sobre todo con menores tutelados, en el que se vieron implicados una gran cantidad de artistas famosos y varios jueces, en un escándalo rodeado de un gran revuelo mediático. De nuevo, la Justicia Española desató la polémica debido a los cambios que surgían en los interrogatorios y la valoración de los testimonios de los menores. Al final, casi la totalidad de aquellos personajes influyentes fueron absueltos “por falta de pruebas”. Pero las cosas aún llegaron más lejos: Sus protestas por los daños recibidos en “el honor”, condujeron a cambios legislativos encaminados a protegerlo. Pero, paradójicamente, no se formularon para proteger la identidad de futuros acusados hasta que se declarase su culpabilidad en condena judicial firme, sino que, en la práctica, esto tan solo ha servido para instaurar una auténtica muralla deCENSURA sobre todo lo referente a los niños tutelados.Por entonces ya gobernaba Aznar. Ahora los Servicios Sociales tienen incluso la capacidad de denunciara los padres que usan el nombre o las fotografías de los hijos que les quitan para protestar públicamente. También lo usan las Fiscalías para denunciar y pedir cárcel a los que simplemente publicamos en prensa los nombres de los padres de esos niños, alegando maliciosamente que, a través de ellos, se puede llegar a identificar a esos menores.

 

                En los años que rodearon el cambio de siglo, a pesar de aquella férrea censura, salió a la luz el que podría ser calificado como el más macabro episodio de la historia negra de nuestro País, el de Bar España. Era un Bar de Castellón sobre el que habían sido ignoradas repetidas denuncias sobre violaciones y muertes de niños en orgías pederastas, en cuyo patio trasero aparecieron enterrados huesos que supuestamente pertenecían a aquellos niños. Varios Poderes Públicos (jueces y políticos de alto rango)fueron señalados como presuntos implicados en el caso.Pero, a pesar de que varios de aquellos menores violados,supervivientes de aquel horror, ya siendo adultos, los identificaron como sus agresores y publicaron sus denuncias durante años en páginas de Internet, todos ellos fueron exonerados por “falta de pruebas”, sin que nunca haya mediado una investigación serie e imparcial. Por entonces aún gobernaba Aznar, pero desde entonces y hasta el momento,ni la Justicia ni la Política han mostrado el menor interés en realizar una auténtica investigación de sus testimonios ni los de aquellos huesos (o tal vez fueran piedras) de niños (o perros) que aparecieron enterrados allí. Por el contrario, actualmente han emprendido una campaña para enterrar definitivamente el caso, borrando de Internet las denuncias públicas de las víctimas, recabándoles nuevas declaraciones desmintiendo las anteriores (son gente marginal, carne de presidio) e intentando condenar a muchos años de cárcel a los periodistas que insisten en seguir divulgando este asunto en los medios de comunicación (5)

 

                A partir de entonces, todos los escándalos que han ido surgiendo sobre pederastia protagonizada por representantes del Poder Público y Funcionarial han sido sistemáticamente silenciados por los Grandes Medios de comunicación. A nivel de encubrimiento de delitos cometidos por representantes de los Poderes Públicos, pongamos por ejemplo el escandalosísimo caso de Kote Cabezudo (6) en cuyo encubrimiento se han implicado tanto a la cúpula del PSOE vasco como del resto de los Partidos, Poderes Públicos y grandes medios de comunicación generales. A nivel de encubrimiento funcionarial, cabe destacar que las detenciones por la producción cinematográfica de pornografía infantil grabada con niños tutelados por la DGAIA en Cataluña (7) que había sido denunciado tiempo atrás por el FBI ante la Fiscalía Española, se realizasen a finales del mes de Julio, en plena etapa vacacional. Para colmo, se intentó transmitir que habían sido los funcionarios que tenían a su cargo la tutela de esos niños y la responsabilidad de que cayesen en esas redes, los que habían descubierto el “pastel”.

 

Los responsables de los sucesivos Gobiernos que han ido pasando por Moncloa y de los Partidos con los que han formado coalición, así como todos los Fiscales Generales del Estado y de Menores, la Gran Prensa y todo ese enorme movimiento de asociaciones y ONGs subvencionadas que periódicamente llenan las calles de manifestantes traídos en autobuses pagados con dinero público,todos ellos han tenido conocimiento de todos estos temas, pero no han hecho nunca nada para investigarlos en serio.

 

No es verosímil que tantos poderes públicos de tan diversos colores hayan mantenido este horror tanto tiempo. Sólo se explicaría si el problema surgiera de un Poder por encima de ellos, de algo que “desde arriba” los domine y les fuerce a encubrir sus vicios. Si comparamos la situación de España en este tema con el de otros países de la órbita de nuestra Cultura Occidental, tendremos que darle la razón a ese gran filósofo español llamado Kiko Rivera cuando decía aquello de: “la mafia española es la mejor, porque no necesita matar”. La impresión inequívoca es que aquí, los pederastas “de arriba” dominan tanto el Poder Público que pueden anular a sus denunciantes si tener que eliminarlos.

 

Los niños lo tienen claro: Los de arriba son el Demonio y en España han puesto por rey al Hombre del Saco y por reina a la Bruja de Hansel y Gretel, pero estos, cansados de ir a cazar a los niños de uno en uno, han contratado al Flautista de Hamelin para que se los traiga en manadas al matadero.

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