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Juan Mariano Pérez Abad.
Martes, 4 de junio de 2019
juan mariano pérez abad

Denuncian más irregularidades de los Equipos Psicosociales, ahora en Madrid

[Img #17902]La Asociación Nacional del Menor Gitano, presidida por D. José Maldonado Sandoval, ha presentado una nueva denuncia ante el Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid contra la Administración y el Colegio Oficial de Psicólogos por presuntas irregularidades cometidas en la supervisión deontológica de los informes elaborados por los Equipos Psicosociales de los Juzgados de Familia y Unidades de valoración Integral de Violencia de Género, que han servido de fundamento técnico de las sentencias en procesos de tutela de menores, su custodia en divorcios y en condenas por violencia de género.

 

Según consta en la denuncia, el Colegio de Psicólogos negó su competencia para resolver reclamaciones deontológicas contra los miembros de los citados Equipos por ser empleados públicos. También se denuncia a los funcionarios responsables de la Comunidad Autónoma que “usurparon” esas funciones que “tiene reservadas única y exclusivamente” el Colegio profesional, según dicta la Ley 19/1997.

 

Una reciente interpelación parlamentaria presentada por Vox en la Junta de Andalucía ha puesto de manifiesto graves carencias en la legitimidad de los profesionales que los integraban, porque alrededor de la mitad de ellos no estaban colegiados tal y como exige la Ley y ha refrendado el Tribunal Constitucional. Maldonado, en nombre de su Asociación, presentó recientemente una denuncia por intrusismo profesional contra ellos.

 

Durante décadas, muchos usuarios de la Justicia de Familia, Menores y Violencia de Género se habían venido declarando profundamente perjudicados por los informes elaborados por estos Equipos, que calificaban de “falsos, manipulados, tergiversados y con ocultismos”, porque eran los que servían de base pericial en las sentencias de estos Juzgados. Estos acontecimientos inducen a poner en tela de juicio la de las miles de sentencias que condicionaron esos informes.

 

Entre otras funciones, los Colegios de Psicólogos tienen como misión velar contra el intrusismo profesional y, por tanto, debían haber actuado de oficio contra esta irregularidad. En esta nueva denuncia se busca poner de manifiesto que tanto Administración como algunos de estos Colegios tenían conocimiento de esta irregularidad y la amparaban. Detrás de este funcionamiento anormal parece esconderse un sistema arbitrario de designación y contratación de personal para facilitar su control por el entramado de intereses económicos e ideológicos que se alojan detrás de las Políticas de Género fomentadas desde el Poder Ejecutivo.

 

Dentro del ambiente de corrupción generalizada en el que se mueve nuestra Vida Pública, la que atañe a temas que, como este, afectan a la vida familiar (divorcios) a la infancia (custodias y tutelas) y a la libertad de las personas (denuncias falsas por Violencia de Género) es, sin duda, la más lamentable, mezquina y miserable de todas y la que puede llegar a poner en serio riesgo la propia supervivencia a largo plazo de nuestra identidad étnica y cultural.

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