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Redacción
Sábado, 8 de junio de 2019
editorial

Lo de la desaladora de Escombreras, un escándalo de 600 millones de euros

[Img #17939]O la Justicia Regional falla por falta de medios humanos o aquí pasa algo que se oculta. O ambas cosas que preocupan a la opinión pública. No es la primera vez que asuntos en manos de los Tribunales terminan en agua de borrajas, sobre todo en procedimientos que salpican a políticos y altos cargos de la Comunidad Autónoma dirigida por gobiernos del partido popular cuando Valcárcel se hacia pasar por el rey sol, el de Murcia soy yo.

 

Ya hace años se empezó a temer que la lentitud procesal nos daría sorpresas desagradables, desde prescripciones sonadas a fallos incomprensibles para la mayoría silenciosa que no traga ese axioma falso de que la Justicia es igual para todos.

 

Desde el respeto a los jueces- nadie es perfecto- no compartimos esta crisis  que de nuevo da su cara negativa por su proyección social en una democracia que  se nos presenta herida en el proclamado Estado de Derecho, y por elevación en el potreado Estado de Bienestar, pues este asunto de la desaladora nos puede costar más de SEISCIENTOS MILLONES DE EUROS, las arcas públicas.

 

La Audiencia Provincial −aquí el meollo polémico, dicho suavemente− ha decidido revocar la Declaración de la “compleja” Instrucción en las diligencias previas del Juzgado número 5 de Murcia ciudad respecto a opaco negocio de la Desaladora de Escombreras cuyas aguas se proyectaban distribuir en urbanizaciones de lujo, obras que quedaron bloqueadas por sospechosas irregularidades, cuando gobernaba Valcárcel, que resulta un perjuicio total de más de 600 millones de euros, daño que se hace a las arcas públicas y  a los contribuyentes, tan exprimidos. En nuestro criterio este final no debe ser definitivo y juzgamos conveniente que el Consejo General del Poder Judicial debería informarse mediante inspección urgente. Pero el problema de fondo está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con doscientos años con el mismo texto, apenas actualizada. No les interesa a los partidos políticos, se resisten.

 

Y hablando de ser justos, sigue otra institución, por llamarla de manera obvia dando tumbos, el monopolio marrullero de Correos, al menos en la Región, y muy seriamente en los pueblos. Venimos recibiendo decenas de quejas razonables. La última de un  lector que nos explica por  correo electrónico que envió un paquete con libros a un cliente de Cartagena. DESPUES DE DIEZ DÍAS DE ESPERA nadie supo explicar por donde andaba el envío valorado en 325 euros. Pidió explicaciones y si sería indemnizado. La respuesta fue un tajante No porque “no fue certificado”. Es decir que los doce euros que le costó retratarse, los pierde y el contenido. Una permisividad impresentable solo factible, al menos en esta Comunidad Autónoma con servicios subdesarrollados, e impunidad  desafiante.

 

Escribimos desafiante porque al frente del monstruo empresarial de Correos ha colocado el presidente Sánchez a uno de sus mejores amigos, con un sueldo de 200 MIL EUROS ANUALES, como un rey, han colocado a su esposa lo que sumando, supera el sueldo de Felipe VI o de don Pedro, el magnánimo, y de la presidenta de las Cortes, la tercera autoridad del Estado español. El sanchismo andante…

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