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Juan Mariano Pérez Abad.
Martes, 11 de junio de 2019
Lejos de sancionar o ni tan siquiera reprender a los responsables de la Consellería, tácitamente los justifica

Una sentencia pionera revoca el desamparo de las hijas de Paco y Cristina en Alicante

[Img #17948]Francisco Lorenzo Romero y Cristina Cotelo Cotillo son una pareja de Alicante que arrastran una situación económica difícil, salpicada por momentos catastróficos, como aquel en el que tuvieron que afrontar un desahucio. Para momentos como esos, nuestro Estado tiene prevista la posibilidad de que los padres puedan delegar voluntariamente la guarda de sus hijos a los Servicios Sociales, para que les den cobijo hasta superar la crisis, por un periodo que se puede prologar hasta 2 años. Si para entonces los padres aún no pudieran cuidar a sus hijos, la Administración podría declararlos en desamparo.

 

                Por eso, al juez D. José Luis Preciado Mangano, al frente del Juzgado de Primera Instancia Nª 8 de aquella hermosa ciudad,no le parece comprensible que la misma Entidad Pública que era la que estaba ejerciéndola custodia de sus dos hijas por delegación voluntaria, restringiera las visitas y las declarase en desamparo antes de que se cumpliese el plazo máximo para que la pareja pudiese solucionar los problemas que provocaron tal situación.

 

                Pero lo que resulta más admirable de esta sentencia es el hecho de que haya hecho valer y hasta reproduzca textualmente, quizás por primera vez en nuestro País, el 2º párrafo del artículo 18.2 de la Ley de Protección del Menor, que dice: “La situación de pobreza de los progenitores, tutores o guardadores no podrá ser tenida en cuenta para la valoración de la situación de desamparo. Así mismo, en ningún caso se separará a un menor de sus progenitores en razón de una capacidad del menor, de ambos progenitores o de uno de ellos”. Se trata de un dictamen legal en pleno vigor que viene siendo ignorado y vulnerado sistemáticamente, tanto por la Administración como por la Justicia.

 

                Sin Embargo, al analizar la sentencia en su totalidad, la satisfacción queda defraudada al comprobar la manifiesta benevolencia con la que se vuelca en favor de los funcionarios responsables de esta Resolución. La interpreta implícitamente como un simple “error administrativo”, a pesar de que reconoce su flagrante vulneración de la Ley del Menor y lo inoportuno de su aplicación, eludiendo indagar las motivaciones que pudieran subyacer.

 

No contempla para nada las gravísimas secuelas emocionales que, tanto para los padres como para los hijos, pueda haber tenido el aplicar una medida tan drástica y radical.

 

Tampoco para en las consecuencias económicas. En primer lugar, las que pueda haber supuesto para esa familia el tener que centrar toda su actividad y sus ya escasos recursos en el esfuerzo de recuperar a sus hijos. En segundo, en el enorme gasto público que se genera en cada declaración de desamparo que, sumando conceptos, hay quienes lo sitúan entre los 6.000 y 9.000 Euros mensuales por cada niño, que se podría haber evitado concediéndole una simple ayuda para el alquiler, tal y como se viene haciendo con tantas y tantas familias inmigrantes que lo necesitan.

 

Lejos de sancionar o ni tan siquiera reprender a los responsables de la Consellería, tácitamente los justifica, les autoriza e impulsa a continuar el seguimiento y vigilancia de esta familia, deja abierta la posibilidad de declarar un nuevo desamparo en el futuro, impone a la madre un seguimiento médico por un supuesto trastorno psíquico “diagnosticado” por los propios Servicios Sociales y establece que se retrase hasta 3 meses la entrega efectiva de las niñas a sus padres.

 

                A pesar de que esta sentencia representa un gran paso adelante en el reconocimiento y resolución de los abusos administrativos en las declaraciones de desamparo, conocido popularmente como “EL DRAMA DE LOS TUTELADOS”, también deja claro que solo es un primer paso de un largo camino que aún queda por andar.

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