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Juan Mariano Pérez Abad.
Viernes, 21 de junio de 2019
la fiscalía mira siempre haciaq otro lado

Acoso institucional contra una familia activista a favor de la infancia y a la que las autoridades le "robaron" tres hijos de 7, 5 y dos años

[Img #17998]La familia Villarreal García viene sufriendo un insistente acoso por parte de autoridades correspondientes a varias Instituciones Públicas de Madrid, que han prodigado todo tipo de actuaciones irregulares en su contra, ante las que se encuentran en la más completa indefensión.

 

Comenzaron su activismo en favor de la infancia después de que declararan a sus hijos en desamparo el 30 de junio de 2015. Según declaran, aquella decisión administrativa tan agresiva y radical se realizó en base al informe de un psicólogo que no conocía a la unidad familiar y una trabajadora social no colegiada. Ellos resolvieron la retirada de la tutela y custodia y el ingreso en un centro de menores de sus tres hijos con 7 ,5 y 2 años, decisión que no fue acatada por la familia. En base a aquella resolución administrativa y sin disponer de la prescriptiva orden judicial, el 18 de noviembre de 2015, entraron más de 20 policías nacionales de modo ilegal en su vivienda (sita en la avenida Rafaela Ybarra 16) Rompieron la puerta y se llevaron a los 3 hijos de Marina y Adrián, dejando en estado de shock tanto a los menores como a sus padres.

 

A partir de aquí no han dejado de sufrir actuaciones irregulares en su contra en hechos que, a menudo, han quedado registrados en vídeo y audio. A pesar de que han sido denunciadas en numerosas ocasiones ante la Justicia, la Fiscalía siempre ha mirado hacia otro lado.

 

En el canal YouTube de Adrián Villarreal están los vídeos que dan fe de todas las irregularidades cometidas, tales como nuevos intentos de entrada sin orden judicial o una entrada en la vivienda cuando ellos no estaban presentes, de la que se enteran por los vecinos, que fue realizada por los bomberos y la policía local 2 días después de haberse llevado a sus hijos. El acoso aumentó de intensidad cuando crearon una asociación llamada AVECUDENI (asociación para la verificación del cumplimiento de los derechos del niño) A través de su activismo detectaron que este tipo de acoso no es puntual, sino que está sucediendo en toda España a muchas familias afectadas por los abusos en las declaraciones de desamparo.

 

A menudo, las retiradas de tutelas están basadas en informes de los Equipos Psicosociales de los Juzgados que, en muchas ocasiones, son incorrectos, manifiestan falsedades en documento público o están realizados por profesionales no capacitados o no colegiados para dicho menester. Comparando los argumentos y la redacción de unos informes con otros, en casos y lugares totalmente diferentes a lo largo de todo el País, se saca la conclusión de que acostumbran a ser un auténtico “corta y pega” de modelos idénticos, preestablecidos en u punto central. Esto constituye un argumento de gran peso para sostener que los desamparos no se basan en un estudio real de la situación de cada unidad familiar concreta, sino en otros intereses diferentes al Bien Superior del Menor.

 

Los acosos recibidos tanto por esta pareja en su vivienda y sede de AVECUDENI, como por otros muchos activistas y afectados a nivel nacional, da mucho que pensar sobre los intereses que se mueven alrededor de las tutelas de menores, la legitimidad del excesivo número de declaraciones de desamparo que están sucediendo en toda España y la posible vulneración de los derechos del niño y las familias.

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