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José Antequera. Publicado originalmente en Diario 16
Miércoles, 11 de septiembre de 2019
ha transcurrido el plazo máximo de seis meses para la investigación del caso de la desaladora de Escombreras

El expresidente murciano Valcárcel se libra del juzgado gracias a la reforma penal de Rajoy

[Img #18327]Otro escándalo monumental va a quedar enterrado (y a medio investigar) en la Comunidad Autónoma de Murcia, esta vez gracias a un beneficio para los imputados que en su día introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy. El asunto en cuestión es el proyecto de la desaladora de Escombreras (Cartagena), una adjudicación en la que tomó parte ACS, la constructora del presidente del Real Madrid Florentino Pérez. Según las investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha, existen indicios de una supuesta malversación multimillonaria de fondos públicos por la que se ha investigado a 11 personas. A este asunto se le llamó caso La Sal y pudo haber dejado un agujero en la obra de 600 millones de euros.

 

La Justicia murciana llevaba instruyendo la causa desde el año 2016 y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y varias de las acusaciones particulares pretendían actuar contra el expresidente regional Ramón Luis Valcárcel una vez que perdiera su aforamiento como diputado del Parlamento Europeo. Sin embargo, eso ya nunca ocurrirá. Valcárcel ha quedado libre de cualquier investigación judicial y todo porque se ha superado el plazo legal de seis meses establecido para la instrucción penal tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de Rajoy. En efecto, el artículo 324 de este texto legal estableció plazos de caducidad a la instrucción de las causas penales y limitó a seis meses el tiempo de investigación y a 18, prorrogables a otros 18, aquellos casos declarados como “causas complejas”. La reforma entró en vigor en diciembre de 2015 tras ser aprobada en solitario por la mayoría absoluta del PP.

 

Según ese artículo 324, las diligencias de instrucción ordinarias “se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas”. Y añade que, no obstante, “antes de la expiración de ese plazo, el instructor a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes”, podrá declarar la ‘instrucción compleja’ y prorrogar el plazo de la investigación en determinados casos, como que la sospecha recaiga sobre grupos u organizaciones criminales; que tenga por objeto numerosos hechos punibles; que involucre a gran cantidad de investigados o víctimas; que exija la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis; que implique la realización de actuaciones en el extranjero; que precise de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas; o que se trate de un delito de terrorismo.

 

Ahora un auto de la Sala Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia aplica este artículo implacable que impide ahondar en los delitos de corrupción por falta de tiempo material. La sección presidida por el juez Juan del Olmo concluye que el plazo para prorrogar esa investigación ha expirado, por lo que no hay lugar a llamar a declarar a Ramón Luis Valcárcel. El argumento que da la sala es el siguiente: el procedimiento se inició por auto de fecha 28 de abril de 2016 y al decretarse en el mismo el secreto de las actuaciones, el plazo del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se vio paralizado el mismo día. Alzado el secreto por auto de fecha 7 de marzo de 2018 comenzó el cómputo de los seis meses del indicado artículo 324, “y no concurriendo circunstancia alguna que lo paralizara o interrumpiera, el mismo venció el 7 de septiembre de 2018”.

 

De este modo, según el tribunal, cuando el Juzgado de Instrucción Número 5 de Murcia declaró “complejo” al sumario el plazo ya había vencido. Las defensas de los apelantes implicados aprovecharon la situación, recurrieron y alegaron ante la Audiencia Provincial que el auto de 11 de octubre de 2018 que declaró “compleja” la causa, ampliando así los plazos de investigación, era “nulo de pleno derecho”, por cuanto debió haberse dictado antes del 8 de septiembre de ese año. Es así como la Audiencia, en una interpretación sumamente restrictiva y formalista, da la razón a los investigados y cierra la posibilidad de una indagatoria contra Valcárcel.

 

Las consecuencias de esta decisión serán letales para el caso La Sal. De hecho, desde el pasado 7 de septiembre, cuando se cumplió el plazo máximo de seis meses sin haberse ordenado una prórroga, “todas las diligencias practicadas hasta el día de hoy han perdido todo su valor”, asegura el diario La Verdad de Murcia. Además, la titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Murcia, tras conocer el auto dictado por la Audiencia Provincial, acordó la suspensión de las declaraciones testificales previstas para los días 12, 13 y 14 de junio. Según la agencia de noticias Europa Press, estaba previsto que declararan como testigos por este asunto los ex alcaldes de Murcia, Cartagena y Fuente Álamo, Miguel Ángel Cámara, Pilar Barreiro y María Antonia Conesa, respectivamente. Además del ex alcalde de Torre Pacheco, Daniel García, o el ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), José Salvador Fuentes Zorita, entre otros. Según la agencia, también tenía previsto declarar el ex consejero de Agricultura del Gobierno murciano, Antonio Cerdá.

 

Esta decisión ha provocado “indignación y sonrojo” entre los funcionarios, jueces y fiscales de Murcia, informa La Verdad. Según este periódico, que cita fuentes judiciales de toda solvencia, Valcárcel “se encontraba en el objetivo tanto del Ministerio Público como de varias de las acusaciones particulares personadas en este proceso, por considerarlo el supuesto responsable último, y no solo en el ámbito político, de las principales decisiones adoptadas en torno a esa planta desalinizadora, que además fueron adoptadas en buena medida desde el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma”. Cabe recordar que El Partido Popular y Ciudadanos han bloqueado en 58 ocasiones las iniciativas parlamentarias de Unidas Podemos para derogar el plazo máximo de seis meses. Ahora Valcárcel respira tranquilo. Quizá deba darle las gracias eternamente a su expresidente: Mariano Rajoy Brey.

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