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Redacción
Viernes, 4 de octubre de 2019
habría malversado más de 600 millones de euros

El Fiscal Superior de Murcia denuncia a Valcárcel por cuatro delitos penales relacionados con la desaladora de Escomberas

[Img #18405]La Fiscalía Superior de la Región denuncia al expresidente regional Ramón Luis Valcárcel por hasta cuatro presuntos delitos relacionados con la polémica desaladora de Escombreras. Le considera el impulsor último de la planta de Escombreras, que iba a costar 600 millones a las arcas públicas por 25 años de alquiler.

 

El cierre de las diligencias judiciales sobre la desaladora, provocado por la superación del plazo legal para agotar la investigación sin que la magistrada hubiera llegado a dictar un auto para prorrogar el asunto, no ha disuadido a la Fiscalía Superior en su voluntad de exigir responsabilidades penales a quien considera el último y principal artífice de ese controvertido proyecto: Ramón Luis Valcárcel, del Partido Popular (PP), según informa La Verdad.

 

Fuentes de toda solvencia han confirmado a dicho diario que desde el Ministerio Público se ha presentado ya una denuncia, ante los juzgados de Murcia, que se dirige exclusivamente contra el político que presidió la Comunidad Autónoma durante dos décadas y que, por vez primera, podría llegar a verse imputado si un juzgado ordena la incoación de un procedimiento penal.

 

La Fiscalía Superior, que dirige José Luis Díaz Manzanera, parte de la base de que el hecho de que se haya puesto término al llamado ‘caso La Sal’, que investiga una presunta malversación de 600 millones de euros en la construcción y en la posterior adquisición por la Comunidad Autónoma de la planta desalaora de Escombreras, no impide que se pueda perseguir en unas nuevas diligencias a quienes todavía no habían sido objeto de una investigación formal en esa causa, según publica La Verdad. Y este es el caso de Ramón Luis Valcárcel, que nunca llegó a ser señalado formalmente como sospechoso, pese a estar sobrevolando la causa desde el primer momento como presidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma que aprobó buena parte de las grandes decisiones sobre ese proyecto.

 

En tal circunstancia, la de no haber sido formalmente acusado, habría influido su anterior condición de eurodiputado y vicepresidente del Parlamento Europeo, pues ello le otorgaba un fuero especial que impedía que pudiera ser perseguido por un tribunal ordinario y dejaba esa potestad exclusivamente en manos del Tribunal Supremo. Perdida ahora el acta de parlamentario europeo, cualquier juzgado de Instrucción puede llamarlo a declarar en calidad de investigado si aprecia razones de peso para hacerlo.

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